Hace unos días, en una mesa de empresarios, se planteó la pregunta: ¿cuánto tiempo tendremos antes de que las finanzas públicas muestren signos de agotamiento? Las cuentas del presupuesto están presionadas por los compromisos constitucionales relativos a las pensiones. La deuda pública supera los 20 billones de pesos y el bajo crecimiento económico no favorece la recaudación de impuestos.
Un participante de la tertulia, cuyo nombre no puedo decir por la sensibilidad del tema, citó palabras de un exsecretario de Hacienda del periodo “neoliberal”, quien asegura que en seis meses aparecerán los problemas. También mencionó a un exsecretario de Hacienda, quien sigue activo como investigador y funcionario de instituciones internacionales; para él, el periodo será de unos 18 meses, antes de que las cosas se compliquen.
Apenas ayer recibimos la primera respuesta del Banco de México ante el problema del bajo crecimiento. La institución decidió reducir la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, del 6.5% al 6.25%. Esa tasa se acerca a las tasas de interés de referencia en los Estados Unidos. Economistas comentan que es una medida arriesgada porque la inflación puede repuntar, aunque otros piensan que abaratar el dinero dará oxígeno al crecimiento. Para el gobierno, significa ahorrar en el pago de intereses de la deuda interna, cuya mayor parte está denominada en pesos.
El gobierno morenista necesita un año de elecciones con crecimiento de la economía y del empleo. Si hubiera una recesión provocada por la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, tendríamos repercusiones inmediatas en México. Lo que ha salvado al país de la recesión en los últimos meses han sido las exportaciones (neoliberales) en crecimiento. Al reducir las tasas de interés, el Banco de México puede provocar una devaluación moderada del peso, lo que favorece las exportaciones y el valor de las remesas.
¿Cómo podría el gobierno revertir la tendencia a la baja de la recaudación y el aumento del gasto público? La única forma es una verdadera reforma fiscal, algo que no es popular si se trata de incorporar al sector informal mediante impuestos al consumo, léase: a todos los productos, sin excepciones. Vicente Fox quiso hacerlo al inicio de su mandato, pero los legisladores del PRI se lo impidieron.
Aumentar más los impuestos a las empresas y a las personas físicas no resuelve el problema y solo causa malestar, como sucedió con los cambios a las leyes, en los que ahora no se podrán deducir todos los gastos.
La otra solución es arreglar Pemex y la CFE de raíz. Para todos sería mejor eliminar el dogma nacionalista de la soberanía energética (que no la hemos tenido en muchos años) y convertir a las dos empresas en entidades autónomas. Aún mejor, venderlas como se hizo con Telmex, una empresa que perdía dinero y tenía el servicio limitado por falta de fondos para renovarlo en los años ochenta.
Es probable que la guerra en Irán termine pronto, con la mayoría demócrata en el Congreso estadounidense, lo que permitiría que el precio del petróleo baje y que nuestro gobierno recupere el IEPS de las gasolinas; también es posible que un nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá renueve la inversión nacional y extranjera. El margen de maniobra es pequeño porque estamos atados a una ideología “neopopulista” que perturba el espíritu empresarial para invertir. Esperemos que, ante la adversidad, no quieran echarles la culpa de los problemas a los empresarios. Amén.
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