El país se encuentra aturdido por las revelaciones de presunta corrupción en la institución toral para el ejercicio democrático, el Instituto Nacional Electoral (INE). Este órgano público autónomo del Estado tiene atribuciones en educación cívica, elecciones, padrón electoral, credencial para votar, instalación de casillas, fiscalización, financiamiento, propaganda electoral, partidos políticos, consultas y participación, y coordinación local. Su función exige fiscalizar el dinero, controlar la competencia electoral, vigilar a los partidos políticos y proteger la integridad electoral, para que todos sus procedimientos sean legales, imparciales y verificables. Por eso, la corrupción que se investiga resulta tan lesiva para sus fines. El policía, bajo sospecha de delincuencia.
El fenómeno de captura institucional sirve para explicarles a los ciudadanos el funcionamiento de la corrupción en nuestro país. Urge tomar conciencia de ello.
Es imprescindible explicar cómo se pasa de la corrupción individual a la corrupción sistémica. Cómo pasamos de los actos individuales de funcionarios desleales que aprovechan su posición para obtener beneficios ilícitos a la formación de redes organizadas que operan dentro de las instituciones del Estado, llegando a tripularlo. Esto lo han estudiado Joel Hellman, Geraint Jones y Daniel Kaufmann en sus investigaciones sobre la captura del Estado. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) han estudiado el tema: redes que capturan al Estado y pueden vincularlo al crimen.
Para explicarlo, podemos distinguir varios niveles y observarlos en el ámbito nacional (INE, Aduanas, Pemex, Secretaría de Energía, Seguridad Pública, etc.), y también en el ámbito estatal, que para esta columna resulta más importante. No se trata de una secuencia inevitable, sino de una forma de ordenar el deterioro institucional.
En el estado de Guanajuato hemos transitado durante las últimas administraciones estatales de una corrupción individual a una sistémica. No se sorprendan, pero nos encontramos más allá del nivel del INE y la gestión de Guadalupe Taddei. A mi juicio, aquí concurren los rasgos más graves de la captura del poder público. Veamos.
La corrupción individual se presenta como soborno, extorsión y desvío aislado de fondos. Luego viene la corrupción colusiva, con acuerdos entre funcionarios y particulares. De allí pasa a la red organizada, en la que participan coordinadamente varias dependencias y empresas. El siguiente brinco es la captura institucional, en la que se influye sistemáticamente en nombramientos, regulaciones, contrataciones y controles, para proteger el funcionamiento óptimo de la red. Finalmente aparece la captura sistémica que plasma una interdependencia duradera entre actores políticos, económicos y órganos de control inhabilitados.
Nuestra entidad manifiesta el arribo al último nivel del proceso corruptivo: la captura sistémica. Hagamos un recuento. Los últimos sexenios priístas y los primeros panistas conocieron la corrupción individual, pero, en esta lectura, el patrón cambió a partir del gobierno de Juan Manuel Oliva (2006-2012), cuando muta a la corrupción colusiva, con acuerdos entre funcionarios y particulares, que se ubicaron en la compraventa de inmuebles, como los terrenos para una refinería y para el Parque Bicentenario, entre otros casos.
Durante la gestión de Miguel Márquez Márquez (2012-2018) la corrupción organizada en red comienza a formarse. La incorporación de un agente que en nombre del Ejecutivo cerraba acuerdos y pactos con beneficios personales para ambas partes significó un avance trascendente en la degradación de estándares de honestidad para nuestro estado.
Pero la corrupción continuó sublimándose. Nombrado por dedazo del anterior gobernador, accedió a la primera magistratura del estado el infausto Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024) quien, en mi lectura, consolidó la captura institucional de la administración mediante el nombramiento sistemático de participantes de la red en puestos estratégicos para habilitar negocios multimillonarios, la modificación de regulaciones que hicieran más cómoda la sustracción de rentas de los presupuestos gubernamentales, el control férreo por parte de su jefe de Gabinete de los contratos estatales (concesiones a VISE, contratos con Seguritech y Guanajuato Leasing, compra de medicinas) y el nombramiento a modo de los encargados de la fiscalización de recursos: el secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas, el auditor superior del estado; además de la neutralización del Sistema Anticorrupción.
La captura sistémica empezó a fortalecerse con la protección y cobertura que hasta ahora ha mantenido la gobernadora Libia García (2024-2030) sobre las maquinaciones de su antecesor. También juega la interdependencia duradera entre actores políticos, económicos y la lenidad de los órganos de control, propiciándose una densa red de corrupción que ha colonizado toda la administración pública. Con la bendición de Libia, continúan los mismos corruptos.
Triste: Guanajuato supera con creces al INE de Taddei. Estamos jodidos.
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