Salamanca.- La defensora de derechos humanos y fundadora del colectivo Buscando con el Corazón, Paula Virginia Rojas Prieto, denunció abuso de autoridad y amenazas por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, luego de que ingresaron a su domicilio actual, presuntamente sin orden judicial, y causaron destrozos.
La buscadora documentó lo ocurrido con fotografías, mientras en el lugar se encontraban cuatro menores de edad. Con ese material acudió a presentar una denuncia en la oficina de la Fiscalía Regional B, con sede en Irapuato.
Ahorita estoy siendo amenazada por agentes de Investigación Criminal de la Región B. Esto viene desde el año pasado y ya tiene conocimiento el fiscal general del estado”, declaró Paula.
Les quitan teléfonos celulares a los niños
De acuerdo con su testimonio, los agentes de la AIC entraron a su domicilio sin una orden de cateo y despojaron de sus teléfonos celulares a cuatro menores de 6, 8 y 12 años, para impedir que se comunicaran con sus familiares. También aseguró que los interrogaron sin que estuviera presente un agente del Ministerio Público.
Comentó que incluso uno de los agentes amenazó con un arma de fuego a una menor, a quien le exigían decir en dónde estaba el dinero y las joyas de la casa.
Paula relató que la mañana del domingo salió temprano a trabajar y, mientras estaba fuera, vio en el chat vecinal de su fraccionamiento que al menos 10 unidades de la Fiscalía, con agentes armados, habían llegado e ingresado a su domicilio.
Cuando estaba trabajando me percaté, por el chat del fraccionamiento, de lo que ocurría. Así que le marqué varias veces a mi hija hasta que me regresó la llamada y, llorando, me dijo: ‘Mami, ven, ven, que me acaban de poner un arma en la cabeza’. Yo me imaginé que alguien había querido entrar al domicilio e intentó hacerle daño”.
‘Le pusieron un arma en la cabeza a mi hija’
“A mi hija la amenazaron, le pusieron un arma en la cabeza y le preguntaron en dónde tenía yo el dinero y las joyas. No sé qué dinero y qué joyas buscaban. Le estuvieron preguntando mi nombre completo, cada cuándo estaba yo ahí, en dónde estaba mi hijo, cómo se llamaba, quién más vivía ahí y por qué no les había dejado yo dinero. Le revisaron el teléfono a mi hija”, explicó.
Al llegar al fraccionamiento junto con sus familiares, Paula se percató de que los agentes ya iban saliendo. Cuando intentó alcanzarlos, aseguró que fue amenazada por uno de ellos desde otro vehículo en movimiento. Después decidió seguirlos hasta las oficinas de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Regional B, donde, dijo, le negaron el acceso.
Yo me di cuenta, cuando llegué, que eran agentes de Investigación Criminal, los cuales no tenían ninguna orden de cateo y me hicieron venir hasta aquí, a Irapuato”.
“Llegué con una agente de Homicidios, que es la que me atiende, y que no es ninguna de Trámite Común, que por lo regular es quien lleva las órdenes de cateo. Y es increíble, porque no supo en dónde estaba la orden, solo me dijo que la habían dejado en el domicilio, y eso no fue cierto”, comentó.
Paula asegura que en la Fiscalía desmintieron que era un cateo por una orden de aprehensión contra una personas que pensaban que vivía ahí. Foto: Julián Pérez Paula asegura que en la Fiscalía desmintieron que era un cateo por una orden de aprehensión contra una personas que pensaban que vivía ahí. Foto: Julián Pérez
Vincula el hecho con denuncia previa
De acuerdo con Paula, al entrevistarse con un agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios comenzaron a surgir varias irregularidades. La más relevante, señaló, fue que durante la intervención no estuvo presente un Ministerio Público.
Primero me dijeron que no era un cateo, que supuestamente la intervención fue para llevar a cabo una orden de aprehensión de una persona que pensaban que vivía en el domicilio. Que el problema no era conmigo, que era con el domicilio, lo cual no es verdad, porque no tiene ningún antecedente”, dijo.
Para Paula, esta situación deriva de la denuncia que interpuso ante la Procuraduría de los Derechos Humanos contra la Fiscalía General del Estado por la desaparición de su esposo, Fernando, en julio de 2020.
Explicó que meses después localizaron un cuerpo y se lo entregaron como si se tratara de él, pero en 2025 descubrieron que no correspondía a su esposo, sino a otra persona.
“Fernando fue privado de su libertad de la misma manera, por personas que presumían ser agentes de Investigación Criminal, en la ciudad de Silao, en julio de 2020”.
El 13 de agosto de 2020 me fue entregado un cuerpo que decían que era Fernando. Resulta que cinco años después no era Fernando la persona que yo tenía, sino una persona de nombre Francisco, originario de Celaya”, relató.
Agregó que fue hasta octubre de 2025 cuando la Fiscalía le entregó unas partes externas del cuerpo que, aparentemente, ahora sí corresponden a su esposo.
“Ante esto, yo levanté una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual fue aceptada por la negligencia de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, por no haber practicado ADN. Porque no se practica ADN a las personas que llegan en calidad de ‘seccionadas’.
Es por eso que todo esto proviene derivado de esta denuncia que yo interpongo en contra de la Fiscalía. Les soy sincera, el día de hoy ya llegué a mi límite, ya exploté”, expresó.
Pide limpiar su nombre
Paula también hizo un llamado al fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, para limpiar su nombre y la imagen de su familia ante sus vecinos.
“Los vecinos ven a tantas personas armadas y comienzan a suponer que somos delincuentes. El día de hoy yo le hago un llamado al doctor Alatriste para que haga presentes a sus agentes de investigación, para que con el mismo valor con el que acudieron a mi domicilio, con ese mismo valor acudan y reúnan a los vecinos para que les hagan saber que yo soy una persona que se dedica a la defensa de los derechos humanos”.
No soy ninguna delincuente. Que no se les olvide que yo soy una víctima. Le exijo a la Fiscalía que vaya al lugar en donde yo estoy viviendo y limpie mi nombre y el nombre de mi familia”, pidió.
La buscadora añadió que el año pasado ganó el litigio que mantenía contra la Fiscalía General del Estado por la negligencia antes mencionada; sin embargo, dijo que aún sigue esperando el pago de la reparación del daño.
Fiscalía rechaza abuso de autoridad
La Fiscalía del Estado negó que hubiera abuso de autoridad y aseguró que la intervención en la casa del fraccionamiento Arboledas, en Salamanca, se ejecutó conforme a derecho.
Derivan del seguimiento a una carpeta de investigación en curso y de la necesidad de ejecutar una técnica de cateo derivada de una investigación prevista en la ley”.
“Por lo que no existió abuso de autoridad ni actuación arbitraria por parte del personal de la institución”, aseguró.
La autoridad detalló que, como parte de las labores de investigación, agentes de la Fiscalía lograron ubicar un domicilio y, durante la verificación del lugar, constataron que el inmueble se encontraba abierto.
“Por lo que se realizó una revisión inicial conforme a los protocolos de actuación, en el marco del trabajo de investigación que desarrolla la institución”.
Durante la revisión realizada por el perito criminalista, se localizaron indicios consistentes en cartuchos para armas de fuego, tanto de armas cortas como de armas largas”, informó la Fiscalía.
De acuerdo con la institución, la diligencia se desarrolló sin ejercer violencia y sí se registraron daños en el inmueble.
“En el lugar únicamente se encontraban personas menores de edad, no hubo personas detenidas ni presentadas ante la autoridad. No participó ninguna otra corporación o autoridad”, señaló.
En una ficha informativa, la Fiscalía indicó que, ante la necesidad de profundizar en las diligencias dentro de la carpeta de investigación, solicitó la orden judicial correspondiente para ejecutar la técnica de cateo y continuar con la investigación con respaldo legal.
“La intervención se desarrolló en estricto apego a la normatividad y a los protocolos institucionales”.
“La Fiscalía reitera que todas sus actuaciones se realizan con base en la ley, bajo control judicial y con respeto pleno a los derechos de las personas, en cumplimiento de su responsabilidad de investigar los hechos que puedan constituir delitos y procurar justicia para la sociedad”, agregó.
AVG
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