Guanajuato.- La buscadora Bibiana Mendoza, del colectivo “Hasta Encontrarte” de Irapuato, reclamó al Gobierno federal no realizar un plan estratégico de prevención de riesgos para personas buscadoras, especialmente en Guanajuato, entidad donde más mujeres buscadoras son blanco de ataques letales.
También calificó de “vergonzoso” que las autoridades digan que quieren cooperar con las víctimas cuando, en el marco de la conmemoración del Día de las Madres, carteles y mantas que las madres buscadoras han colocado para difundir los casos de sus hijos, están siendo retirados, tanto en Irapuato -como fue su caso-, como de las vallas alrededor de los estadios donde habrá partidos del Mundial de Fútbol, cuando se calcula que hay más de 130 mil desaparecidos en el país.
Sus declaraciones se dieron durante la presentación del Informe de Desaparición de Personas en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un documento “durísimo” -en palabras de Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión y relatora para México- donde se reconoce y se visibiliza la crisis de las desapariciones en el país, además de que se reconoce la lucha de las familias y colectivos buscadores.
Bibiana Mendoza, la única oradora oficial por parte de los colectivos, advirtió que las buscadoras están muriendo a manos del crimen organizado (este fin de semana, dos mujeres, madre e hija, fueron asesinadas a tiros en el municipio de Salamanca) o por falta de atención de las instituciones: diabetes, depresión, con las retinas desprendidas de tanto llorar.
“En Guanajuato, al igual que en otros estados, ayer no se celebró el 10 de Mayo porque hay muchas mujeres que tienen a sus familiares desaparecidos y Guanajuato es el estado número uno en el asesinato de mujeres buscadoras”.
La activista, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido el 8 de enero de 2018 en Irapuato, dijo que no temía expresarse libremente porque no temía perder un apoyo que nunca ha tenido.
“El gobierno federal, por lo menos en Guanajuato, desde 2018 que comenzaron las desapariciones masivas, jamás nos han abierto las puertas, a pesar de que se las hemos venido a tocar en múltiples ocasiones”.
Reprochó que el Expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora, la Presidenta Claudia Sheinbaum, no hayan recibido en audiencia a los colectivos de búsqueda de personas.
Bibiana Mendoza mencionó que en 2025 la autoridades realizaron varias mesas de trabajo, improvisadas.
“Les dijimos que tenían que tener un plan de trabajo a largo plazo, por región, para sentarse con todos los colectivos de búsqueda y hacer un plan estratégico, con análisis de contexto, porque en esta reforma no se habla de la prevención (…y) se aprobaron leyes antes de ser consultadas con las familias”.
Cuestionó también los dichos de Sheinbaum, que desestima la cifra de 133 mil personas desaparecidas y argumenta que 46 mil de ellas tienen “actividad” o no tienen datos suficientes para ser buscados.
“Me gustaría preguntarle a los ojos (a la Presidenta) si mi hermano Manuel ha tenido alguna actividad, para yo irlo a encontrar, porque me hace falta y quiero volver a ver la sonrisa de mi madre cuando vuelva a ver su hijo”.
De igual manera, advirtió que en muchos casos no hay carpeta de investigación pues no hay condiciones dignas para poder denunciar la desaparición.
Concluyó afirmando que el día que desde Palacio Nacional haya dignidad para que se cuente en realidad a las personas desaparecidas, el estimado será el triple.
Deslinde de responsabilidades
Otras buscadoras presentes entre el público, en su turno al micrófono, criticaron y calificaron de “fantasiosos” los argumentos de los dos funcionarios de la Secretaría de Gobernación presentes (Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos), que mencionaron que hay avances en el fortalecimiento de la Ley General en Materia de Desaparición y en la consolidación del Protocolo Homologado de Búsqueda.
En su mensaje, Andrea Pochak resaltó que la intención del informe es llevar la voz de las familias a la Comisión Internacional, pues denuncian que aunque existe legislación y protocolos, el fenómeno continúa ocurriendo con impunidad.
“Yo entiendo que hay mucha desconfianza (con las autoridades), mucho enojo, pero créanme que tener sentados a funcionarios en donde estamos presentando un informe durísimo, con un diagnóstico durísimo, reconociendo la voz de ustedes, el dolor, la injusticia, la impunidad que rige (…) es un primer paso para sentir algo de esperanza”.
La Comisionada advirtió que la CIDH y el Estado Mexicano trabajarán en un mecanismo de consenso para lograr verdaderos avances, donde no se aceptarán respuestas de fantasía.
Recalcó que el gobierno tiene 6 meses para enviar el primer reporte sobre 40 recomendaciones diseñadas para garantizar verdad y justicia a las víctimas.
Andrea Pochak reconoció que no hay respuestas sencillas o demagógicas ante la desaparición de personas, pero que la CIDH busca dar acompañamiento, solidaridad y empatía a las familias y dejar claro a los Estados que tienen obligación de prevenir, buscar, investigar e indemnizar a las víctimas.
Advierte CIDH desaparición generalizada
La desaparición en México es un fenómeno generalizado, advierte el informe que presenta este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“México enfrenta una grave crisis de desapariciones y de identificación humana. Si bien la Comisión valora los avances institucionales y normativos impulsados en los últimos años por el Estado -especialmente en materia de búsqueda-, persisten desafíos estructurales que comprometen seriamente las obligaciones internacionales de prevención, investigación, sanción y reparación por las diversas formas de desaparición que ocurren en el País”, explica.
Existen altas concentraciones, detalla, en Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, y en particular en el denominado “Corredor del Pacífico”, que abarca los estados de Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde la incidencia estaría estrechamente vinculada a la actuación del crimen organizado.
“El universo de personas desaparecidas agrupa una multiplicidad de perfiles, entre los que se incluyen niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, a mujeres y niñas víctimas de violencia de género; destacando la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado”, apunta.
Incluye también, añade, a migrantes, víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género, periodistas y defensores de derechos humanos.
La desaparición de personas en México, indica, ocurre desde hace varias décadas, a partir de la llamada “guerra sucia”.
“En la actualidad existe coincidencia entre autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y órganos internacionales de derechos humanos en que la desaparición de personas en México tiene una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales”, señala.
“Frente a ello, resulta crucial que el Estado considere en sus políticas de prevención y juzgamiento el contexto de la criminalidad organizada en las desapariciones y los posibles indicios del involucramiento de agentes estatales en los diferentes territorios del país”.
La CIDH reconoce el que el Estado mexicano se haya referido a la desaparición como una crisis humanitaria y admitido la existencia de una emergencia forense, y destaca las acciones emprendidas desde 2018, incluyendo la creación de instituciones y la adopción de normativas, con diferente intensidad y efectividad, para abordar esta problemática.
Califica de robusta la regulación penal que prohíbe las diferentes formas de desaparición de personas y encuentra positivo el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra sucia”, incluidas las desapariciones.
“No obstante, mientras que, en algunos ámbitos como el de la búsqueda, se han desarrollado capacidades institucionales significativas, en otros persisten desafíos relevantes, especialmente en materia de prevención, acceso a la justicia y políticas de memoria”, alerta.
“En cuanto a las investigaciones, la Comisión identifica desafíos desde la interposición de denuncias, la conducción de diligencias y el impulso de las investigaciones, la formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas de investigación y el encuadre de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados”.
Remarca que las fallas en la etapa de investigación abonan a la falta de judicialización y, en consecuencia, a los altos niveles de impunidad.
AAK
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