Guanajuato.- La denuncia por el supuesto delito de acecho interpuesta por Allan León Aguirre, ex secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, contra un reportero de AM por publicaciones sobre contratos y empresas vinculadas con el exfuncionario, difícilmente prosperaría.
Así lo declaró el fiscal general del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, quien afirmó que las denuncias no pueden utilizarse para intimidar la labor periodística.
“No podemos permitir que los comunicadores sean objetos de presión con el pretexto de denuncias de acecho. Esa investigación se inició y desde el momento que la radicamos se determinó que se iba a investigar con perspectiva y atendiendo la labor periodística y la profesión de quienes intentaron, entendemos por medios pacíficos y educados, obtener una entrevista”, respondió este miércoles en entrevista con medios de comunicación.
El 18 de agosto, la organización Article 19 México y Centroamérica publicó un posicionamiento en el que rechazó el hostigamiento judicial por la vía penal contra el periodista Jesús Patiño y pidió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato archivar el caso.
A pregunta expresa sobre si se archivará la denuncia contra el reportero de AM, el Fiscal General del Estado respondió: “De momento no veo de qué manera pueda tener eco un hecho”.
Vázquez Alatriste mencionó que pueden existir diferencias entre periodistas y funcionarios, pero estas no deben utilizarse para limitar las libertades de expresión y de prensa.
“Inclusive cuando hemos tenido algún desencuentro nosotros, no podemos limitarles estar haciendo su trabajo. Que discrepamos en los puntos de vista, pues eso ocurre en cualquier sociedad moderna”, agregó.
El contexto
El 6 de abril de este año, AM reveló que Office and Publicity MDF S. de R.L. de C.V., empresa proveedora del Gobierno de León, recibió contratos por más de 7 millones de pesos pese a presentar presuntas irregularidades.
Una de las fundadoras de la compañía, habitante de una colonia popular de León, desconocía que había sido socia de la empresa. Además, la compañía declaró domicilios en León y Ciudad de México en los que este medio no pudo localizar presencia física.
La Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses, encabezada entonces por Allan León, estuvo entre las dependencias que otorgaron contratos a la empresa.
El 17 de abril, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez anunció en X que, para facilitar las investigaciones oficiales, León Aguirre se retiraba de su cargo.
El 19 de abril, AM publicó que Guillermo Bermúdez Gómez, quien fue gerente de Office and Publicity MDF S. de R.L. de C.V., había fungido años atrás como representante de Alfacolor, empresa propiedad de Allan León y de su esposa, María Fernanda García Hernández.
El 22 de junio, AM dio a conocer que habitantes de colonias populares de León se enteraron de que aparecían como propietarios de Centro Publicitario y de Marketing TLGR SAPI de CV y Office and Publicity, empresas proveedoras del Gobierno Municipal de León y vinculadas con la familia de Allan León.
El 24 de junio se reveló que María Fernanda García Hernández, entonces consejera del DIF y esposa de Allan León Aguirre, fue proveedora del Municipio de León cuando él ya era funcionario del Gobierno leonés, en 2022, durante el primer trienio de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos.
El 25 de junio, Allan León Aguirre publicó en su cuenta personal de Facebook un video en el que informó que presentó una denuncia contra “quien resultara responsable” por la realización de “publicaciones presuntamente sin fundamento legal”, en referencia a contenidos difundidos por AM.
Sin embargo, el periodista Jesús Patiño confirmó el inicio del proceso judicial en su contra cuando recibió una notificación el 21 de julio de 2026, en la que se establecieron medidas preventivas de protección a favor del exfuncionario, entre ellas que el periodista no pudiera acercarse a León Aguirre.
Durante meses, Allan León fue considerado el “delfín” de la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, para buscar la candidatura a la Alcaldía en 2027.
Llaman a respetar libertad de expresión
Article 19 afirmó que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor escrutinio público.
“Si bien la renuncia de Allan León ocurrió en abril de 2026, el impacto de su rol dentro de este ámbito se mantiene vigente y es de interés público, como lo son el seguimiento a las investigaciones realizadas por el Periódico AM en lo que va del año”.
La organización también destacó que “las publicaciones en materia de la administración de Gutiérrez Campos son publicaciones de relevancia pública, discursos especialmente protegidos en los marcos normativos de libertad de expresión”.
Article 19 agregó que el derecho a la libertad de expresión también está ampliamente protegido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues “la opinión pública es el medio de controlar a los depositarios del poder y que la libertad de prensa es necesaria para la vida política y social y que debe interpretarse con criterio amplio atendiendo al fin, que es el bien público, social, general”.
HLL
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