FGE investigará denuncia de Allan León contra reportero de AM

Guanajuato.- El fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, aseguró que la demanda por acecho de Allan León Aguirre contra un reportero de AM será investigada con perspectiva de derechos humanos y protección de la libertad de expresión. Mientras tanto, algunas organizaciones consideraron que este tipo de denuncias se utiliza como un mecanismo para inhibir la actividad periodística.

Hace unos días, Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, denunció penalmente a un reportero de AM por el supuesto delito de acecho, luego de que el periodista realizara una investigación sobre contratos asignados a empresas “fachada” vinculadas con él y con su esposa, María Fernanda García Hernández.

Este viernes 31 de julio, al término de la mesa de trabajo que sostuvo la Fiscalía General del Estado (FGE) con periodistas y activistas de derechos humanos para informar sobre los avances en los casos de comunicadores asesinados en Guanajuato, se preguntó al fiscal su postura. Momentos antes, había condenado los ataques a la libertad de expresión y se había comprometido a darles seguimiento.

Sobre el tema, se limitó a decir que el organismo está comprometido a garantizar que existan condiciones para que los periodistas desempeñen su trabajo con seguridad. En este caso, mencionó que se buscará resguardar en todo momento los derechos del reportero de AM.

Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal de Guanajuato. Foto: María José Soto.

La Fiscalía debe garantizar las condiciones jurídicas y de hecho adecuadas para que ustedes, y él también, ejerzan su labor periodística. Hay una denuncia; el Ministerio Público no puede negarse a conocerla, ese es un hecho. Pero tampoco puede garantizar que la denuncia sea determinada de una forma específica. Vamos a investigar con perspectiva de la función que desempeña el periodista y sobre esa función. Pero sí vamos a garantizar que se preserven sus derechos”, declaró el Fiscal.

Denuncias se vuelven mecanismo contra la libertad de expresión

En contraparte, Cirenia Celestino Ortega, directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), consideró que la actuación del exfuncionario obstaculiza la libertad de expresión. Señaló que este tipo de casos no ocurre únicamente en Guanajuato, sino que es recurrente entre funcionarios públicos que deberían rendir cuentas a la ciudadanía.

Cirenia Celestino Ortega, **directora de Comunicación e Información** de la Mujer A.C. (CIMAC). Foto: maría José Soto.

Tienen que saber que, dada la responsabilidad que tienen en una institución, van a ser cuestionados sobre la labor que realizan, sobre su trabajo. Tienen que ser mucho más transparentes, tienen que rendir cuentas a la ciudadanía y, por supuesto, la función del periodismo es dar cuenta de ello. Vamos a cuestionar, vamos a preguntar, vamos a seguir investigaciones, y es ahí donde se genera incomodidad, cuando los funcionarios públicos interponen denuncias que pretenden obstaculizar esas investigaciones”, dijo Cirenia Celestino.

Allan León denuncia a reportero de AM por investigación incómoda

Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, denunció penalmente a un reportero de AM por el supuesto delito de acecho.

Hace un mes, el 25 de junio, el exfuncionario municipal denunció, por medio de un video en Facebook, que sufría acoso sistemático y una persecución política por la investigación de AM sobre contratos asignados a empresas “fachada” vinculadas con él y con su esposa, María Fernanda García Hernández.

En el mensaje, León Aguirre, quien durante meses fue considerado el “delfín” de la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, anunció que ya había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado “contra las personas que resulten responsables”. Sin embargo, en la denuncia penal señaló directamente a un reportero de esta casa editorial.

La defensa del reportero sostiene que la denuncia carece de sustento, pues las ocasiones en las que buscó a Allan León fueron parte de su labor periodística, amparada por el derecho a la libertad de expresión. Por lo pronto, ya se inició una carpeta de investigación.

El 6 de abril de este año, AM publicó una investigación sobre un proveedor del Gobierno de León con presuntas irregularidades. Se trataba de la empresa Office and Publicity MDF, S. de R.L. de C.V., la cual recibió 12 contratos del Municipio de León por más de 7 millones de pesos entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.

La compañía se constituyó a pesar de que una de las fundadoras desconocía su papel como socia. Además, declaró domicilios en León y la Ciudad de México, donde no fue posible localizar la presencia física del negocio.

Como la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses estuvo entre las dependencias que otorgaron contratos, su entonces titular, Allan León, decidió renunciar con carácter inmediato el 17 de abril, con el objetivo de facilitar una revisión “objetiva, imparcial y a fondo” de los procesos de contratación.

En las siguientes semanas, AM amplió su investigación a otras empresas con procesos similares de constitución y obtención de contratos.

El 1 de junio publicó que existe un vínculo entre tres empresas: Centro Publicitario y de Marketing TLGR, Office and Publicity y Alfacolor, esta última propiedad de la familia de María Fernanda, esposa de Allan y entonces consejera del DIF León. El vínculo es Guillermo Bermúdez Gómez, quien firmó documentos en representación de las tres compañías.

AM ha solicitado en repetidas ocasiones una entrevista con el exsecretario y con su esposa, pero ambos han rechazado la petición e incluso han negado ser propietarios o representantes de Alfacolor, pese a que existen declaraciones en las que Allan León se asume como dueño y documentos oficiales de la empresa firmados por Fernanda García.

El 25 de junio, Allan León acusó en sus redes sociales que era víctima de persecución. Señaló que, aunque respetaba los procesos administrativos en materia de transparencia, era blanco de acoso y persecución política, y anunció que presentaría una denuncia penal.

Este fin de semana, este diario contactó nuevamente a León Aguirre, por mensaje y llamada, para conocer su postura sobre la denuncia presentada contra el reportero de AM, como parte de la política editorial de cubrir a todas las fuentes involucradas en la noticia. No hubo respuesta.

Urgen rediseño al Atlas de Riesgo

Aunque el Gobierno del Estado presentó el Atlas de Riesgos 2025-2026 como un mecanismo para protección de personas Defensoras y periodistas en todo Guanajuato, diferentes voces señalaron la necesidad de un rediseño para hacerlo verdaderamente útil.

Las autoridades lo destacaron como un ejercicio único en el País que permite identificar zonas, condiciones y factores de vulnerabilidad para anticiparse y actuar antes de que ocurra una agresión contra estas personas.

Esto dentro del Informe Anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, que se llevó a cabo el 17 de junio.

Dentro del contenido que aparece en el Atlas resalta la identificación de 11 zonas “silenciadas”, es decir, lugares donde no se puede publicar sobre algunos temas por el riesgo que implica para los periodistas.

A su vez cuenta con cifras sobre las medidas de protección vigentes que acompañan a periodistas y personas defensoras en todo el estado, como también el número y tipo de agresiones que se ha documentado por el Consejo.

Sin embargo, Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, realizó un diagnóstico de inconsistencias y vacíos que presenta este Atlas.

A su vez presentó una propuesta para convertir esta herramienta en un instrumento público, técnico y participativo que permita prevenir riesgos, focalizar medidas de protección, monitorear la procuración de justicia y restituir el derecho colectivo a la información.

Este trabajo se une a opiniones recabadas por AM de periodistas que señalan las áreas de oportunidad que urgen para aplicar en este sentido.

Lo que hace falta

El activista Raymundo Sandoval publicó un documento titulado “Observaciones técnicas y recomendaciones para la mejora del Atlas de Riesgo de Personas Defensoras y Periodistas de Guanajuato”, el pasado 28 de junio, en el que enlista diferentes deficiencias.

Señala que el Atlas presenta cifras que no incorporan o contradicen los datos documentados por organizaciones como ARTICLE 19 y la ONU-DH, mientras en apartados donde hay registros externos verificables, muestra cifras nulas o no publicadas.

Explica el riesgo de enfatizar la ausencia de medios (desiertos informativos), sin incorporar la noción de zonas grises ni el concepto más amplio de zonas silenciadas (violencia estructural y autocensura).

Otros cuestionamientos es hacia una “metodología opaca y criterios no publicados” en algunas de las cifras que publica y la falta de “indicadores sobre avances de investigaciones, medidas cautelares, imputados o sentencias”.

Indica la falta de perspectiva de género y enfoque diferencial al no existir capas de datos o fichas específicas para mujeres periodistas o personas buscadoras. Y finalmente apunta hacia el enfoque que tiene esta herramienta.

Parece orientado a mostrar la respuesta institucional (oficios, medidas emitidas) más que a ofrecer información útil y verificable para periodistas, colectivos y ciudadanía”, se lee el texto.

Hay municipios invisibilizados

Antonio Velázquez, director general de ‘Más de Acá Noticias’, medio de comunicación de Dolores Hidalgo, señaló la falta de acompañamiento para recurrir al Mecanismo de Protección para Periodistas, especialmente en algunas zonas del estado.

“Muchas veces sabemos que existe, pero a la hora de que te pasa algo no sabes cómo reaccionar o con quién comunicarte. Y muchos compañeros, sobre todo en estas zonas de silencio, están así, no saben con quién asistir”, expresó al ser consultado por AM.

Indicó que las diferentes acciones que se implementan están focalizadas hacia los municipios más grandes y los del Corredor Industrial

Y en la zona norte, por ejemplo, donde yo trabajo, es muy poca la atención que se nos da por parte del Gobierno del Estado. De los municipios pues ninguna, absolutamente nada”, añadió.

Por su parte, el periodista Andrés A. Solis de la cadena de Meganoticias realizó otra serie de cuestionamientos hacia el Atlas dentro de una publicación en el sitio ‘Verificado’, en el que señala que “al menos su versión pública no sirve absolutamente para nada”.

Apuntó que esta plataforma no identifica los factores de riesgo, agentes agresores, vulnerabilidades de periodistas, capacidad de reacción de las autoridades, estrategias de atención y coordinación entre autoridades municipales y estatales, por mencionar algunas.

Solis indicó que existe un “acceso institucional”, restringido para personas funcionarias en el que espera que el Atlas cuente con mayor información de utilidad.

¿Qué se propone?

Raymundo Sandoval propone transformar el Atlas de Riesgo con una redefinición conceptual para identificar la violencia estructural y la autocensura que sufren los periodistas.

Entre las acciones que enlista es publicar un anexo obligatorio que detalle las fuentes, los criterios de verificación y los umbrales para considerar un hecho como agresión vinculada a la labor periodística o de búsqueda.

Incluir registros de la sociedad civil y organismos internacionales para resolver discrepancias con las cifras oficiales; implementar un mapa interactivo con capas seleccionables que muestren asesinatos, desapariciones o medidas de protección vigentes.

Crear fichas específicas para mujeres periodistas y personas buscadoras; establecer una mesa técnica permanente con colectivos, academia y organizaciones civiles para validar la metodología y los datos trimestralmente.

Por su parte, Antonio Velázquez, mencionó la necesidad de un enlace regional del Consejo Estatal que tuviera mayor presencia en todos los municipios que le correspondiera.

Para en caso de que suceda cualquier cosa con algún compañero o que nos enteremos, poder avisar de la mejor manera y de la manera más rápida”, opinó.

A su vez cuestionó el trato que se recibe en los ministerios públicos, los cuales desestiman cuando los periodistas acuden a denunciar presuntos casos de acoso en su contra.

“No se le da atención y es desechado por los ministerios públicos en donde muchas veces se le trata a los periodistas como si ellos fueran los delincuentes”, dijo.

AAK