León.- Tras la denuncia penal presentada por el exfuncionario municipal Allan León Aguirre contra un reportero de AM, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas manifestó su preocupación y rechazo ante las acciones que criminalizan el derecho a informar.
En una postura publicada en sus redes sociales, el Consejo señaló que el exfuncionario olvida que su paso por el servicio público se rigió por un marco jurídico específico que lo obliga a la transparencia y a la rendición de cuentas.
“El periodismo es una actividad de interés que debe ser protegida y tutelada por el Estado. En cambio, el exfuncionario público opta por criminalizar el trabajo de un periodista y de un medio porque evidencia probables actos de corrupción que deben ser investigados y, en su caso, sancionados por las autoridades correspondientes conforme a la ley”, señaló.
El lunes 27, AM publicó que Allan León, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses del Municipio de León —y quien durante meses fue considerado el “delfín” de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos—, denunció penalmente a un reportero de AM por el supuesto delito de acecho.
La defensa del periodista sostiene que la denuncia carece de sustento, pues las ocasiones en las que buscó a Allan León fueron parte de su labor periodística y estuvieron amparadas por el derecho a la libertad de expresión.
El contexto
El 6 de abril, AM publicó una investigación sobre la empresa Office and Publicity MDF S. de R. L. de C. V., la cual recibió 12 contratos del Municipio de León por más de 7 millones de pesos entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.
La compañía se constituyó a pesar de que una de sus fundadoras desconocía su papel como socia. Además, declaró domicilios en León y en la Ciudad de México, pero en ninguno de ellos pudo localizarse la presencia física del negocio.
Aunque en esa investigación no se mencionó el nombre del exfuncionario municipal, el 17 de abril la presidenta municipal anunció que Allan León renunciaba “para facilitar una revisión objetiva, imparcial y a fondo de los procesos de contratación”.
El 1 de junio, AM publicó que existe un vínculo entre tres empresas: Centro Publicitario y de Marketing TLGR, Office and Publicity y Alfacolor. Esta última es propiedad de la familia de María Fernanda, esposa de Allan León y entonces consejera del DIF León.
El vínculo entre las compañías es Guillermo Bermúdez Gómez, quien firmó documentos en representación de las tres.
El 25 de junio, el Congreso del estado de Guanajuato ordenó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASUG) practicar una auditoría integral y concomitante a la administración pública del Municipio de León.
La revisión comprende el universo de transacciones no analizadas en anteriores actos de fiscalización correspondientes a los ejercicios de 2022, 2023 y 2024, así como los de 2025 y 2026.
También incluye las operaciones realizadas con las empresas Office and Publicity MDF S. de R. L. de C. V., Synamica S. A. de C. V., Centro Publicitario y de Marketing TLGR S. A. de C. V. y García Vaxkin Asociados S. A. de C. V., además de cualquier otra persona física o moral relacionada y el funcionamiento del Patronato del Parque Zoológico de León.
Además, el síndico Román Cifuentes Negrete presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guanajuato por la presunta intervención de Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, en el caso de las llamadas “empresas fantasma” revelado por AM.
La criminalización
Sobre este caso, este martes el Consejo Consultivo del Mecanismo federal pidió al exfuncionario evitar el uso perverso de las leyes para atentar contra el ejercicio profesional del periodismo, pues esto también vulnera el derecho de la sociedad a conocer cómo se administran los recursos públicos.
“Exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que analice el caso y ofrezca medidas de protección para dicho reportero y otros integrantes del periódico.
“Exhortamos a la Fiscalía de Guanajuato a desestimar la denuncia por ser contraria a los estándares de protección de la libertad de prensa, y al Congreso de Guanajuato a modificar la redacción del delito, creado para proteger contra la violencia digital y que está siendo utilizado para criminalizar la libertad de prensa”.
El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno del Mecanismo, una instancia federal adscrita a la Secretaría de Gobernación que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.
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