Guanajuato.- En medio de una batalla legal con transportistas, el Gobierno Municipal dio permisos temporales para insertar 20 camiones a las rutas urbanas a Transportes TEB, empresa irapuatense investigada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y la Fiscalía en Combate a la Corrupción por la renta de patrullas al Gobierno de Irapuato.
El lunes, la Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte comenzó un operativo de revista mecánica en diferentes partes de la ciudad como la Presa de la Olla y la Central de Autobuses con la intención de sacar de circulación aquellos camiones en mal estado o que su vida útil rebasó por mucho lo permitido en la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios que marca 10 años con posibilidad de extenderse a otros 5.
“Ofrecerle a la ciudadanía pues obviamente un cambio, que vean el cambio que es palpable, que el cambio es seguro, que el cambio es ahora sí que tangible y que puedan tener la certeza y seguridad de que pueden llegar a su domicilio en tiempo y forma, a su trabajo, a su escuela, sanos y seguros. Para precisar, son 10 unidades para esta semana, si ya tienen las rutas que acaba de comenzar. Tenemos proyectadas 16 rutas en esta primera etapa”, dijo el subsecretario.
De acuerdo con el titular de la dependencia, Alejandro Barbarino Sosa, tienen detectadas al menos 40 unidades que tienen 20 años en servicio, es decir fuera de la vida útil. Hasta el momento se han retirado de circulación unidades de las rutas de Central de Autobuses, Las Teresas-Cerro de los Leones, Lomas de Marfil-Puentecillas y Mercado Hidalgo-Villas de Guanajuato.
Lo anterior, debido a que tenían vidrios estrellados, asientos dañados, puertas en mal estado, ventanas flojas y vidrios polarizados, además de otras irregularidades relacionadas con las condiciones de operación. La intención es sacar 16 rutas de las 99 que existen en la ciudad, se trata de varias de las que más acumulan quejas o utilizadas.
Barbarino Sosa informó que Transportes Ejecutivos del Bajío (TEB) habría cumplido los requisitos en la convocatoria y se le entregó un permiso de 30 días para ofrecer el servicio. Aseguró que es coincidencia que hasta ahora, las unidades fuera de circulación sean de los Ávalos, quienes interpusieron el amparo contra la convocatoria de renovación de concesiones del transporte público a inicios de año y que está detenido en el juzgado.
También reconoció que han sido muy permisivos con los transportistas locales desde que se firmó el acuerdo para el aumento de la tarifa en el 2024. El funcionario reconoció que los de TEB no son nuevos, sino que son modelos del 2021, 2021, 2022 y 2023 en buen estado. Cuestionado de si la leyenda de “Me late Guanajuato Capital”, marca turística oficial de la ciudad, es una estrategia publicitaria, justificó que solo es una imagen para que la ciudadanía los identifique.
ASEG y FGE investigan a empresa transportista, pero no avanzan investigaciones
En septiembre del 2025, el Gobierno de Irapuato lanzó la licitación pública nacional LPN-05/2025, cuyo techo presupuestario era de 198 millones 585 mil pesos para la renta de 66 patrullas y ambulancias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Irapuato TEB fue la que ofreció las mejores condiciones y ofreció un ahorro de 27 millones 956 mil pesos para el Municipio.
Días más tarde del fallo, el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, para que, a través de las personas titulares de las sindicaturas del Ayuntamiento, consideren promover el Juicio de Lesividad para que se decrete la nulidad de licitación.
El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor manifestó que los licitantes en análisis y la propuesta ganadora, Transporte Empresarial del Bajío S. de R.L. (TEB) son parte de la misma familia. Precisó que uno de los dos socios de Transportes TEB es José Antonio Mata Villanueva, que es hermano de otro de los licitantes en el proceso de arrendamiento celebrado en Irapuato, es decir, se sabía que existía un 66.6 % de probabilidades de que el arrendamiento se quedara en familia. Lo anterior, queda demostrado en el acta de fallo de la que AM tiene copia.
Ramos Sotomayor afirmó que la falta de observancia y los vicios denunciados anteriormente, dejan a la luz que no se siguieron la totalidad de las formalidades que exige el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Irapuato. Además denunció que hubo falta de transparencia en el proceso que habría opacado la decisión del cabildo.
Asimismo, la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Irapuato presentó una denuncia de situación excepcional ante la ASEG y la Fiscalía en Combate a la Corrupción por las supuestas irregularidades en el proceso de licitación. AM consultó al regidor Eduardo Ramírez Vergara sobre el estatus de las investigaciones y solo se limitó a informar que no ha habido avances tras meses que la denuncia.
No obstante, la ASEG envió la resolución a la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado y se dio cuenta de ella en la sesión del pasado 7 de mayo, el documento no se ha dictaminado y todavía no existe la versión pública del mismo.
Mientras que del exhorto que hizo el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, el secretario de Ayuntamiento Rodolfo Gómez Cervantes contestó en un oficio que el 30 % de del parque vehicular de la SSC tenía más de 10 años de servicio y su mantenimiento era demasiado alto para sostenerlo, de ahí la necesidad de rentar patrullas y ambulancias aunado a que entre el 2024 y 2025 dieron de baja 36 unidades.
Según el secretario de Ayuntamiento, Transportes TEB ofreció la mejor opción para ganar la licitación y negó que hubiese bases para un juicio por lesividad. Sin embargo, no mencionó nada sobre el parentesco entre los licitantes, lo cual era el argumento principal de Morena. Cabe mencionar que en el 2016 esta misma empresa ofreció sus servicios de transporte de personal a la Dirección de Desarrollo Social y Humano por 200 mil pesos.
Llama diputado a revisar el proceso de concesión
El diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, llamó a revisar la legalidad del proceso de nuevas concesiones de transporte público en Guanajuato capital. En entrevista, se le preguntó su opinión respecto a que pareciera un tipo de revancha el hacer operativos para sacar de circulación de manera concreta los camiones de la empresa Ávalos.
“El criterio debe ser la calidad del servicio público, la satisfacción de la ciudadanía. Y si hubiese alguna circunstancia anómala, habría que ver si hay algún comentario al respecto que determine el órgano interno de control”, dijo.
Agregó que: “habría entonces que revisar el proceso. Porque sí, por un lado hay litigios, por otro lado hay la previsión de una vida útil de una unidad, hay criterios contables de apreciación de las propias unidades. Habría que revisar el expediente (…) en derecho, todo lo que hace la autoridad tiene que fundarse y motivarse”.
Apela a la transparencia
El diputado Juan Carlos Romero afirmó que todas las actuaciones de la autoridad deben ser transparentes, cuando se le preguntó que si en este caso, como en otras decisiones que ha tomado el gobierno municipal de Guanajuato, hace falta rendición de cuentas a los ciudadanos.
“En la ley que nosotros promovimos desde julio de 2003, hace 23 años, toda la información es pública salvo dos excepciones: una, la información reservada, que tiene que fundarse y motivarse, que en este caso no aplicaría; y segundo, la información confidencial, que se refiere a datos personales de salud o de la vida privada de las personas, que tampoco aplicaría. Entonces todo es sujeto a transparencia y rendición de cuentas”, destacó Romero.
Destacó que el Congreso podría pedir información sobre este proceso en específico.
“Hay varias entidades que deben de verlo: uno es el órgano interno de control, que es la propia contraloría municipal; el otro es la la auditoría superior, que está en el ámbito del del Congreso; el tercero es, si hubiese alguna inquietud ciudadana, para que se canalice por las instancias correspondientes”, respondió.
Puntualizó que la autoridad tiene que fundar y motivar todas sus decisiones, “aplicar la ley no es noticia, y si hay alguna irregularidad o exceso de parte de la autoridad o del particular, debe de ser transparente”. Romero enfatizó que si alguien tiene observaciones, pues que presente sus comentarios y denuncias.
Libia García revela renta de 162 patrullas para la Policía Estatal por casi 720 millones de pesos
El 8 de diciembre de 2025 se publicó que el Gobierno de Guanajuato pagará 719 millones de pesos durante cuatro años por la renta de 162 patrullas, con esta adquisición buscan aumentar la capacidad operativa de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), y en particular de la Policía Estatal de Caminos.
El anuncio lo realizaron en Irapuato la gobernadora de Guanajuato Libia Denisse García Muñoz Ledo y el secretario de seguridad Juan Mauro González Martínez como parte de la estrategia CONFIA, Plan Carreteras Seguras.
La falta de personal y de patrullas, y el que sean vías de jurisdicción federal, ya no será una razón para no vigilar todas las carreteras que atraviesen Guanajuato.
La estrategia incluye instalar nueve estaciones de vigilancia en puntos estratégicos de Guanajuato, la implementación de células básicas de operación de caminos y el incremento de personal y parque vehicular para la Policía Estatal de Caminos.
Durante la presentación no se mencionaron metas específicas para los próximos meses de reducción de delitos carreteros con la implementación de esta estrategia.
El contrato de arrendamiento por cuatro años es por 719 millones 982 mil pesos, es decir que el uso de cada patrulla al final de arrendamiento costará al Estado en promedio 4.4 millones de pesos.
La adjudicación directa fue a la empresa Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V, según los datos que reporta el portal de Seguridad Abierta del Gobierno estatal. Las patrullas arrendadas son modelo pick up y sedán y al menos 30 camionetas son blindadas.
HLL
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