Guanajuato capital.- Entre acusaciones de opacidad y una presunta “venganza política”, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCG) y regidoras de oposición denunciaron irregularidades en el retiro de camiones urbanos y la entrega de permisos a la empresa foránea TEB.
El periódico AM intentó obtener la postura de Alejandro Barbarino Sosa, director de Tránsito y Movilidad, para contrastar las acusaciones de opacidad en el transporte. Sin embargo, la dependencia evadió la entrevista mediante constantes cambios de horarios (tanto para entrevista presencial como telefónica) argumentando temas de agenda.
De acuerdo con los señalamientos, el gobierno de la alcaldesa Samantha Smith ha caído en contradicciones legales al otorgar permisos eventuales sin la declaratoria de necesidad requerida por la ley, afectando el servicio con unidades de desecho y choferes foráneos.
Por ello calificaron de “sospechosa” la manera en la que han sacado de circulación varias unidades del transporte público en Guanajuato capital, ya que tampoco se ha informado el tipo de permiso y bajo qué criterios se otorgó, justamente, a la empresa Transporte Empresarial del Bajío (TEB) que está bajo investigación por la renta de camionetas patrulla al gobierno de Irapuato.
Lo anterior lo expresaron durante la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCG), en donde María Fernanda Arellano Caudillo, regidora por Morena en el Ayuntamiento capitalino, resaltó la falta de transparencia e incluso dijo considerar que esto parece más “una venganza política” en contra de los prestadores de servicio.
Arellano señaló que la Dirección de Movilidad justifica la entrada de TEB, empresa investigada en Irapuato por la renta de patrullas, bajo supuestos “permisos eventuales”; sin embargo, afirmó que no se ha emitido una declaratoria de necesidad.
“Hay la incógnita de por qué esta empresa que viene de fuera, que no conoce la ciudad, que no trae transportistas de aquí si se le están dando los permisos, bajo qué criterio. Quedan muchas incógnitas en el tema”, indicó Arellano.
Asimismo, apuntó que el tema de las concesiones del transporte público arrastra más de 26 años de irregularidad jurídica, operando con concesiones vencidas desde hace una década debido a presuntos pactos informales de cuotas entre gobiernos anteriores y los transportistas. Un amparo interpuesto por los prestadores del servicio mantiene actualmente frenada la convocatoria formal para nuevas concesiones.
“Desde hace más de 26 años, gobiernos panistas y priistas, que no se emite una convocatoria por que había un acuerdo entre quien encabezaba la administración con los concesionarios de, ‘dejame operar te paso tu cuota y todos felices y contentos’”, comentó.
Finalmente, la regidora acusó a la alcaldesa, Samantha Smith Gutiérrez, de mentir al asegurar que las unidades que recién comenzaron a prestar el servicio eran nuevas, pero después se vio obligada a cambiar la versión, pues Arellano afirmó que se trata de camiones de desecho de otras empresas que no son aptos para la topografía de Guanajuato y que operan con choferes foráneos que desconocen las rutas, afectando la calidad del servicio.
“Samantha Smith Gutiérrez, salió presumiendo con bombo y platillo que eran nuevas y, de entrada, mintió porque no eran nuevas (…) las unidades para Guanajuato, que es una ciudad un poco especial en territorio, tampoco están dando el ancho. La presidenta municipal miente y creo que de ahí parte todo lo que se está haciendo, porque creo que se está haciendo mal”, expresó Arellano y agregó estar de acuerdo con regularizar y mejorar el servicio, pero de manera transparente.
Regidora de MC pide inversión en transporte
Lilian Preciado Zárate, regidora por Movimiento Ciudadano, señaló que el tema es añejo y reconoció que ha faltado dar certeza jurídica a los prestadores del servicio y dijo que por ahí se debió iniciar para poder comenzar el proceso.
Pues explicó que para que los concesionarios consigan algún crédito para adquirir camiones necesitan prestar la concesión que tienen vigente, la cual no existe.
“Me hubiera gustado que los 58 millones invertidos en semáforos los hubieran invertido en mejorar el servicio de transporte público”, comentó Liliana Preciado.
Señalan ciudadanos desorganización
Carlos Arce Macías, miembro de la OCG, señaló desorganización de administraciones anteriores, pero resaltó que al ser una administración de continuidad el gobierno encabezado por Samantha Smith tendrían bien organizado el sistema si se hubiera regularizado el tema en la pasada gestión.
“Pero parece que el sentido es el desorden para, de alguna manera, utilizar el desorden para beneficio propio. Se ve muy sospechoso todo esto que está sucediendo”.
Guillermo Siliceo Fernández, miembro de la OCG, resaltó la carencia de un espacio en donde los usuarios del transporte público puedan conocer las rutas que existen y de donde a donde van por lo que sugirió que deberían habilitar algún medio para que usuarios tengan esta información.
Finalmente los miembros del OCG indicaron que, quizá, una solución es la vía del diálogo pues indicaron que es “un conflicto entre el gobierno municipal y los prestadores, en medio queda el usuario y los choferes que hoy están en incertidumbre laboral” mientras aumenta la pugna entre autoridad y particulares bajo el argumento de prestar un servicio digno.
Confrontan conductores a regidores
Conductores del transporte público confrontaron el viernes a regidores del Ayuntamiento por los permisos que se otorgaron a Transportes TEB, pues se quedaron sin trabajo y los usuarios sin rutas.
La regidora del Partido del Trabajo Olga Durán Torres llevó a cabo una consulta pública en la plaza al exterior de la Presidencia Municipal para escuchar las opiniones de los usuarios y conductores del transporte público sobre la entrada de Transportes TEB y el retiro de unidades.
Entre las principales quejas que hubo estuvieron que muchos se quedaron sin trabajo luego del retiro de más de 10 unidades propiedades de los Ávalos, quienes se ampararon contra la convocatoria de renovación de concesiones del transporte público, también hubo quejas de falta de unidades en rutas en las que varios camiones ya no están en circulación porque los multó Tránsito y no se reemplazaron con los camiones de TEB.
“Esto nomás es para las empresas de los Ávalos, hay otra empresa Aguilar y otros que son piratas que no les han hecho nada, que los camiones son más viejos y en mal estado”, dijo uno de los camioneros.
Luego aparecieron los regidores del PAN Manuel Aguilar Romo y María Fernanda Vázquez Sandoval y se sumaron a escuchar a los conductores. Estos mencionaron que tampoco conocían los permisos que dio la alcaldesa porque otorgarlos no es facultad del Ayuntamiento.
“Hay ciertas operaciones que tienen que hacer y que tienen que cumplir como cualquier patrón que tengan personas trabajando para ellos, como cualquier empresa, cualquier gobierno, son responsabilidad de ellos. Nosotros como Gobierno Municipal no somos responsables si ustedes ya no tienen su trabajo por cómo están pasando las cosas, pero no es responsabilidad porque quienes tienen que brindarles herramientas para que realicen su trabajo son los dueños de las empresas y por muchos años se han permitido muchas cosas que no deben de permitirse”, declaró Fernanda Vázquez.
Aguilar Romo propuso una mesa de trabajo con ellos y el subsecretario de Tránsito, Movilidad y Transporte para revisar el tema de los permisos y que haya transparencia ante la ciudadanía.
HLL
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