Al menos en tres ocasiones, el Gobierno Municipal de Guanajuato capital ha cambiado sus versiones sobre la intervención de la empresa Custom Bajío tras las denuncias de cobros de 4 mil 500 a 6 mil 500 pesos a comerciantes del Túnel de la Tradición, instalado en la calle Subterránea durante el Festival de Día de Muertos.
La directora de Turismo, Denisse Michelini Ojeda, primero afirmó que la renta era obligatoria y que contactó a la empresa. Este martes 3 de noviembre sostuvo que solo la recomendaron tras revisar tres cotizaciones. También cambió su versión sobre los derechos por ocupar la vía pública.
Al encabezar la rueda de prensa para dar a conocer los resultados del evento, la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez negó un contrato con la empresa, mientras Custom Bajío afirmó en un desplegado que la eligieron representantes de comerciantes.
Por su parte, miembros del Consejo de Promoción Turística negaron haber pedido ese esquema y expositores denunciaron que los pagos fueron solicitados en oficinas municipales.
Municipio y empresa: versiones encontradas
El 28 de octubre, Michelini declaró obligatoria la renta del mobiliario para evitar estructuras mayores a las permitidas.
“La verdad sí fue obligatorio porque en otros años (…) nos pasaba de que en el reglamento vienen 2 metros y de repente ponían estructuras de 6 metros y nosotros ya quedamos mal con otros artesanos”, explicó.
Dijo que Turismo contactó a Custom Bajío tras conocer su trabajo con Marca Guanajuato en el festival anterior. Identificó a la socia Alma Barbosa como su contacto.
“Nos gustó mucho el trabajo y cómo acomodó los stands de Marca Guanajuato, por eso se hizo el contacto”, declaró.
Pero este martes aseguró que lo obligatorio era uniformar el mobiliario, no contratar a determinada empresa. Dijo que recomendaron a Custom Bajío después de revisar tres cotizaciones, por su precio y capacidad para abastecer hasta 300 módulos.
“No se obligó a nadie a contratar los servicios como tal. Se recomendó a esta empresa con la finalidad de homogeneizar la zona”, sostuvo. Agregó que algunos comerciantes llevaron sus propios muebles.
Samantha Smith respaldó esta última versión: “La relación entre el municipio y la empresa no existe”. Afirmó que los contratos fueron entre particulares, rechazó los señalamientos contra el festival y anunció que pedirá a la Contraloría Municipal investigar el caso.
La tesorera Irma Mandujano también negó que hubiera contrato o licitación municipal con Custom Bajío.
Sí se les obligó a tener un mobiliario homogeneizado porque para ello hubo una convocatoria, hubo un reglamento, hubo condiciones para que se pudieran instalar, pero lo que no se les obligó es hacerlo con esta cierta gente”, aclaró.
También cambiaron las explicaciones sobre los cobros. Michelini primero dijo que el Municipio no cobró por los espacios y que solo se pagó mobiliario. Hoy aseguró que todos los expositores debían pagar derechos municipales.
“Lo que sí, es que sí tuvieron que hacer el pago del uso de la vía pública por comercio todos aquellos que participaron en el túnel. Con la empresa solamente los que tuvieron los servicios fueron los que directamente la contrataron”, declaró.
Mandujano dijo que Tesorería revisaba los montos por permisos, pues hubo condonaciones y pagos pendientes. Afirmó que hubo trámites individuales y por asociación, ingresados a Fiscalización.
El 29 de octubre, Gustavo Buck, director de Fiscalización y Control de Reglamentos, había dicho que su área solo autorizó el cierre de un tramo de la calle Subterránea y que los permisos para comerciantes correspondían a Desarrollo Económico y Turismo.
Las autoridades no precisaron los montos recaudados por derechos, las condonaciones ni quién supervisó los cobros de la empresa.
En un desplegado difundido este martes, el administrador único de Custom Bajío, Juan Pablo Padilla Ruiz, atribuyó la selección de su propuesta a representantes de asociaciones de comerciantes y expositores.
“Representantes de las asociaciones de comerciantes y expositores seleccionaron nuestra propuesta técnica y económica entre diversas opciones para homologar el Túnel de la Tradición”, sostuvo.
La empresa informó que durante cinco días arrendó módulos de madera y mobiliario, además de ofrecer señalización, montaje y retiro. Afirmó que cada comerciante aceptó individualmente el pago y que los servicios estuvieron respaldados con recibos y comprobantes fiscales.
También aseguró que no recibió concesión para explotar la vía pública, no autorizó espacios y no administró recursos municipales.
“Los pagos recibidos correspondieron a contraprestaciones por servicios empresariales y no constituyeron ingresos por permisos o autorizaciones municipales”, señaló.
Custom Bajío sostuvo que la autorización de espacios y la supervisión del festival correspondieron exclusivamente a las autoridades. Rechazó las descalificaciones contra su actividad y manifestó su disposición para aclarar dudas.
El desplegado constituye la postura pública de la empresa. Desde el primer día de las denuncias, AM solicitó una entrevista directa con sus representantes. En un primer momento se acordó un encuentro que luego fue cancelado, por lo que se sigue a la espera de una respuesta.
Consejo y comerciantes desmienten versiones
Michelini atribuyó al Consejo de Promoción Turística la propuesta de homologar el mobiliario. Sin embargo, Adriana López Padilla, integrante del organismo, negó que hubiera intervenido en la elección de Custom Bajío o solicitado esa medida para el festival.
Luis Alberto Espinosa, presidente del Consejo, precisó que habían propuesto ordenar la imagen del comercio en la vía pública, pero no recomendaron un proveedor para el Túnel de la Tradición.
“El Consejo de Promoción nunca estuvo enterado de que iba a haber un prestador de servicios de mobiliario”, declaró.
Aclaró que la sugerencia de homologar la imagen del comercio se había planteado en distintas reuniones empresariales, pero no para contratar a un proveedor específico. Añadió que conoció los señalamientos a través de los medios de comunicación.
Espinosa explicó que la participación del Consejo se limitó a financiar la logística de una conferencia de prensa en Ciudad de México. Precisó que también se destinaron aproximadamente 2 millones 500 mil pesos al festival y 550 mil pesos al Tapete de la Muerte, mediante recursos de promoción turística.
Por separado, comerciantes consultados por AM negaron haber negociado directamente con Custom Bajío. Afirmaron que se enteraron de la renta del mobiliario cuando solicitaron sus espacios y que conocieron el nombre de la empresa al recibir los comprobantes.
Los comerciantes proporcionaron testimonios y recibos con el logotipo y datos de Custom Bajío. Dijeron que pagaron por adelantado y en efectivo en las oficinas de Turismo y Fomento Económico, porque los pagos con tarjeta o transferencia implicaban un cargo adicional.
Algunos afirmaron que les cobraron 6 mil 500 pesos con mobiliario o 4 mil 500 sin él; otros señalaron que la renta les fue impuesta para poder participar. No quedó aclarado qué conceptos comprendían esas cantidades ni cómo se relacionaban con los derechos municipales.
Los comerciantes pidieron que el Municipio identifique a los dirigentes de las asociaciones que supuestamente negociaron las condiciones con la empresa.
Hasta este martes seguía sin esclarecerse quién recibió los pagos realizados en oficinas municipales, cómo se fijaron las cuotas y qué acuerdos existieron entre las autoridades, los representantes de comerciantes y Custom Bajío.
Que ahora sí impulsarán instalación de Patronato
Samantha Smith se comprometió a, ahora sí, impulsar la instalación de un Patronato que se haga cargo del festival para evitar suspicacias y garantizar la continuidad del mismo.
Esto, luego de la polémica generada por la falta de transparencia de la participación de Custom Bajío en la octava edición del festival y toda la logística relacionada con permisos y cobros. Cabe mencionar que una situación similar se registró el año anterior al término de la séptima edición, cuando comerciantes que solicitaron espacio para estar en el Túnel de Tradición denunciaron el presunto pago a una cuenta de la empresa Construcciones Nacionales Fincamex S.A de C.V. y no al Municipio.
RC
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