Guanajuato capital.- Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es constitucional que el Congreso de Guanajuato autorizara deuda pública por 8 mil millones de pesos para 2026 destinada a inversión productiva con montos y rubros generales.
Esto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2026 que había interpuesto la bancada de Morena el 17 de febrero pasado contra el endeudamiento de los 4 mil millones de pesos que se autorizó en diciembre de 2025 la mayoría del Congreso local al Gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo, para obras en los 46 municipios del estado, sin precisarse el destino de los recursos.
Con este recurso legal, Morena buscaba que la Corte definiera con claridad que el Congreso local no puede autorizar endeudamiento sin precisar el destino de los recursos, sin estudios previos y sin un verdadero control legislativo.
En su sesión de este 4 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el sistema normativo que regula la obtención de financiamiento para inversiones públicas productivas en el ejercicio fiscal 2026 en el estado de Guanajuato.
De forma específica, se determinó la constitucionalidad del artículo 1 apartado E de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato, que establece los recursos por deuda de 8 mil millones de pesos. Pero los otros 4 mil no se impugnaron porque su destino sí estaba claro: financiar la construcción del Acueducto Solís-León.
Y también la constitucionalidad del artículo 2 del Decreto 164, que en su conjunto establecen las reglas sobre el destino de los recursos, montos, mecanismos de pago, garantías presupuestales y rendición de cuentas de los ingresos obtenidos mediante financiamientos autorizados, vinculándolos con diversos programas de inversión pública productiva.
La Corte explicó que el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un modelo de coparticipación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo en materia de deuda pública local.
Conforme a ese esquema, corresponde a los congresos autorizar los conceptos generales y los montos máximos del financiamiento, previo análisis de su destino y capacidad de pago, mientras que al Ejecutivo le corresponde ejecutar las inversiones y rendir cuentas sobre el uso de los recursos.
En ese sentido, la Suprema Corte concluyó que la Constitución Política Federal no exige que el Congreso identifique de manera exhaustiva cada obra o proyecto específico que será financiado con deuda, sino que es suficiente que se delimiten rubros generales de inversión pública productiva y se fijen montos determinados para cada uno de ellos, como ocurrió en este caso con programas de infraestructura educativa, desarrollo social y sustentable, movilidad regional, campo, atención médica y seguridad pública.
Además, el Pleno advirtió que del procedimiento legislativo sí se desprende que el Congreso del estado de Guanajuato realizó un análisis previo del destino de los financiamientos y de la capacidad de pago de la entidad.
Por ello, también consideró válida la facultad del Ejecutivo local para efectuar movimientos compensados entre los montos asignados a los distintos programas, siempre que no se rebase el monto total autorizado, ya que ello se mantiene dentro de los límites fijados por el propio Congreso.
Deuda sin obras específicas
En un comunicado de prensa en febrero, cuando interpusieron la acción de inconstitucionalidad, la bancada de Morena recordó que, cuando el gobierno estatal envió la solicitud de contratación de deuda, solo enlistó rubros generales a los que presuntamente se destinaría el recurso.
Tales como equipamiento educativo, desarrollo social y sostenible, movilidad, campo, atención médica, seguridad y protección ciudadana. Todo ello sin una sola obra específica, sin proyectos ejecutivos y sin metas medibles. Lo que en ese entonces impedía saber realmente dónde y cómo se usará el dinero.
Fue hasta el 1 de junio pasado que la gobernadora anunció en un evento público que se financiarán 684 obras en los 46 municipios con los 4 mil millones. Y fue hasta esa fecha que se precisó el destino específico del dinero en cada una de esas obras.
Entrevistado al respecto por AM, el diputado local de Morena, David Martínez expresó: “Discrepamos de los criterios de la Suprema Corte porque abre un camino muy riesgoso. Porque nosotros pedíamos el detalle de las obras. Y seguimos considerando eso.
“Pero la decisión de la Suprema Corte es inatacable. Nosotros, a diferencia de los de Acción Nacional, nosotros sí vamos a acatar las determinaciones de la Suprema Corte. Sí la vamos a acatar”, manifestó.
AM también solicitó una postura del Gobierno del Estado, que fue enviada por Comunicación Social y expresó que la decisión unánime de la Suprema Corte confirma que el Gobierno de Guanajuato actuó conforme a la Constitución y da plena certeza jurídica al esquema de financiamiento aprobado por el Congreso del Estado.
“Desde el inicio sostuvimos que este decreto cumplía con todos los requisitos legales y constitucionales. Hoy esa postura ha sido respaldada por el máximo tribunal del país. Ahora corresponde seguir ejerciendo estos recursos con transparencia, responsabilidad y en beneficio de las familias guanajuatenses”.
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