Guanajuato.- La empresa que opera la terminal de San José de Iturbide, donde fueron asegurados 59 millones de litros de combustible el 17 de septiembre, no acreditó durante el cateo, mediante facturas o documentos de importación, la procedencia legal del hidrocarburo.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la empresa no pudo acreditar la trazabilidad de todo el combustible almacenado en el lugar.
Así lo informó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo al término del evento de toma de protesta de la dirigencia estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
“Hay que decirlo muy claro. Las desviaciones volumétricas en el robo de combustible no se dan solo en los ductos. Eso es algo que tenemos claro. Y es por eso que tenemos que combatir esto que se llama huachicol fiscal. Que las empresas que comercializan este producto tienen los permisos.

Hay de dos: O tienen una carta de importación o tienen una factura de Pemex. Si al momento de llevar a cabo un cateo no te muestran ninguna de las dos, entonces se tiene que proceder”.
—¿No mostraron ninguna de las dos? —preguntó AM.
—No —respondió la Gobernadora.
Explicó que la planta quedó en depósito debido al gran volumen de combustible almacenado. Aclaró que esta situación no significa que no se haya realizado el cateo ni que la autoridad no haya asegurado el lugar.
Sin embargo, el 18 de septiembre, un día después del cateo, la empresa aseguró que su documentación está en regla y que opera de manera legal.
No es lo que una empresa diga, es los documentos que presente para acreditarlo. Habrá que presentar los documentos. Entiendo que es una empresa de importación. O debe de tener la carta de importación o la factura de Pemex. Si las muestra y lo acredita, está bien. Pero de entrada una empresa como esta tendría que tenerlos ahí para mostrarlos de manera inmediata”.
La gobernadora recordó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), atrajo el caso, por lo que ahora el Gobierno del Estado estará en comunicación con esa instancia y recibirá información sobre el avance de las investigaciones.
También dio a conocer que, hace aproximadamente 15 días, Pemex Logística se sumó al Grupo de Inteligencia Operativa.
Señaló que el titular de esa área estuvo en Guanajuato y que se generó un grupo de trabajo con la empresa estatal.
Por otro lado, la Gobernadora comentó que hasta el momento se han clausurado cuatro gasolineras en León por presuntamente vender combustible de procedencia ilícita o despachar litros incompletos.
Investigación comenzó en julio
De acuerdo con la versión de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) la investigación comenzó el 3 de julio, cuando autoridades detuvieron a una persona que descargaba una pipa con 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz y no pudo acreditar en ese momento la trazabilidad del combustible.
Las diligencias llevaron después al cateo de esa gasolinera y de un inmueble de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo. La línea de investigación condujo finalmente a la terminal de La Fragua, en San José de Iturbide, donde el 17 de septiembre fueron asegurados 59 millones de litros.
Gas Natural del Noroeste, de Grupo SIMSA y operadora de la terminal, rechazó que sus actividades sean ilegales. Señaló que presta servicios de almacenamiento a otras empresas y sostuvo que cuenta con permisos y autorizaciones, además de haber entregado documentación a las autoridades.
La FGR sostuvo posteriormente que no había recibido de todas las empresas relacionadas documentación completa y fehaciente para acreditar la licitud del origen, manejo y destino de todo el combustible. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Pese a que la investigación continúa, la terminal reanudó actividades. El Municipio de San José de Iturbide informó que desde 2017 cuenta con permisos locales, entre ellos la factibilidad de uso de suelo, mientras en recorridos de AM se observó nuevamente movimiento de pipas y trabajadores.
La reapertura generó inconformidad entre habitantes de La Fragua y Jesús María, quienes bloquearon la carretera federal 57 para exigir que la planta sea inhabilitada por considerar que representa un riesgo. El alcalde Manuel Montes ofreció instalar una mesa de diálogo con autoridades, pobladores y representantes de la empresa.
AAK