Guanajuato.- Con una disculpa pública y un acuerdo de reparación del daño concluyó la audiencia en la que se concedió a Mario de Alba, excoordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la suspensión condicional del proceso penal que enfrentaba por el delito de amenazas contra dos exfuncionarios que denunciaron públicamente el acoso sexual y laboral sistemático en esta dependencia estatal en el sexenio pasado.
El 27 de octubre de 2025 AM publicó que entre 2018 y septiembre de 2025, al menos 288 trabajadores de la Secretaría de Salud, en su mayoría mujeres, presentaron denuncia ante el Comité para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y Hostigamiento Sexual de la dependencia, algunas también acudieron a la Secretaría de la Honestidad y a la Fiscalía, pero no hubo sanciones.
Entre los testimonios recabados por AM, estaban los de Daniel Cortés Rayas y su esposa Aurora Saori Sugita Verver y Vargas, ambos trabajadores de la Secretaría de Salud hasta 2024.
En marzo de 2025, días después de ser entrevistado por AM, Cortés Rayas recibió un correo electrónico, en el asunto señalaba la palabra acoso y al abrirlo se encontró un mensaje que decía “su vida pende de un hilo”.
Daniel y Saori presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la cual quedó asentada en la carpeta 37741/2025.
En la investigación de la Fiscalía participaron especialistas en informática forense e incluyó una solicitud a las oficinas de Google en California para conocer detalles del origen del correo electrónico.
Con la información solicitada, la Fiscalía logró acreditar que la cuenta de correo electrónico estaba asociada al entonces coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, Mario de Alba.
Daniel y Saori -también considerada víctima dentro del proceso por presuntas amenazas de muerte contra el primero-, sostienen que el objetivo de Mario fue intentar ocultar y silenciar investigaciones sobre denuncias previas de acoso laboral y sexual en la Secretaría de Salud estatal.
“Reconozco el daño causado”
El proceso legal duró 18 meses, la audiencia de suspensión condicional del proceso se realizó el pasado 22 de septiembre en los Juzgados de Oralidad Penal en León.
Durante la audiencia hubo varias negociaciones entre el equipo legal de la parte afectada y el representante legal de Mario; Daniel y Saori habían solicitado que el presunto responsable ofreciera una disculpa pública como requisito innegociable para aceptar la suspensión condicional del proceso, un acuerdo de solución anticipada que permite la ley antes de pasar a la siguiente etapa del proceso, la Audiencia Intermedia.
Reconozco el daño causado, los afecté, les ofrezco una disculpa, señor Daniel Cortés Rayas, señora Aurora Sugita Verver y Vargas. No volveré a hacerlo”, dijo Mario de Alba de pie ante la jueza de Control Paulina Iraís Medina Manzano y en presencia de los ofendidos.
Como parte del protocolo legal, el abogado defensor recordó durante la audiencia que el auto de vinculación a proceso para la causa 1P2025-2877 se dictó contra Mario el 13 de febrero de 2026, por hechos con apariencia del delito de amenazas, derivado de un correo electrónico enviado el 24 de marzo de 2025, con una pena de 6 meses a 2 años de prisión, delito perseguido por querella.
Detalló que habría una propuesta económica para la reparación integral del daño, para el pago de tratamiento psicológico para ambos ofendidos, validado por un perito de la FGE y valuado en 15 mil 200 pesos para cada uno, un total de 30 mil 400 pesos.
El acuerdo consta de una orden de alejamiento y no contacto, incluyendo el digital (contempla redes sociales) por parte de Mario, así como que este se someta a una terapia de violencia de género en el DIF estatal, DIF municipal o similar, en un plazo de seis meses.
En caso de incumplimiento, se revocaría el acuerdo y se activaría el proceso con la Audiencia Intermedia.
Hasta que se cumpla el plazo de los seis meses la juez determinará si procede el sobreseimiento de la causa penal, de ser así el expediente del exfuncionario queda limpio y no estaría impedido para volver a trabajar en alguna dependencia de gobierno.
Aunque en una primera lectura la defensa propuso que los pagos compensatorios fueran mensuales, pues Mario continuaba desempleado y no contaba con solvencia económica para hacerlo en una sola exhibición, posteriormente, durante la misma audiencia, este reconsideró y mencionó que tenía “un pequeño fondo de ahorro” y de ahí haría el pago.
En su turno frente a la jueza, Aurora Saori hizo un señalamiento.
“Para mí lo más importante era la disculpa pública, porque contenía justo la definición no solamente individual y colectiva, por eso está aquí (la reportera)”.
Cabe destacar que se consideró que la disculpa era pública por realizarse durante una audiencia a la que cualquiera, previa autorización judicial, tuvo acceso: AM estuvo presente.
Sé que (esto) no va a hacer que no haya pasado todo el daño, pero de alguna forma puedo confiar en que el sistema podría cumplir un poco con esta reparación, al menos en este momento, es ganancia”, añadió la afectada.
Antes de la disculpa definitiva, Mario realizó un primer intento, donde incluyó las palabras “Perdón por haber fallado, (inaudible) también por la pérdida de datos personales, derivaron en la situación que estamos viviendo”.
Ahí fue interrumpido por Saori, quien aclaró: “Eso no estaba incluido”. El intercambio provocó un receso para definir los términos de la disculpa que debía ofrecerse.
Las víctimas, por su parte, renunciaron a iniciar cualquier otra acción por la vía civil, en caso de Mario, esta solución alternativa permite que no llegue su caso hasta una sentencia como probable responsable del delito por el que se le denunció.
AM solicitó una entrevista a Mario de Alba, a través de su abogado defensor, se limitó a señalar que “de su proceso, hubo una salida alterna, que es la suspensión condicional. Se dio un acuerdo entre las partes, se hizo una reparación del daño y se pidió que se concediera la suspensión condicional del proceso”.
Recibe finiquito de un millón
Tras darse a conocer los detalles de esta amenaza en un reportaje publicado el 28 de octubre de 2025, el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, anunció que se solicitó la renuncia al coordinador de Comunicación Social para que enfrentara la demanda penal.
Aunque Mario renunció, recibió una indemnización de 242 mil pesos que se suman a una prima de antigüedad de 800 mil 930.82 pesos por 24 años, 9 meses y 24 días de servicio que laboró en el Poder Ejecutivo de Guanajuato.
En total, con otros rubros, el ex funcionario recibió 1 millón 157 mil pesos como finiquito.
A través de su área de comunicación social, la Secretaría de Salud informó que “las disposiciones administrativas vigentes del Gobierno del Estado contemplan el pago de una indemnización incluso cuando la separación laboral se realiza de manera voluntaria” y que el monto se calcula conforme a los criterios establecidos en los artículos 2 y 5 de las Disposiciones administrativas en materia de Terminación Laboral de las Personas Trabajadoras de la Administración Pública Estatal.
Un nuevo comienzo
Los afectados por fin tienen la oportunidad de dejar atrás este asunto y enfocar sus energías en otros igualmente importantes: su demanda por una liquidación laboral que consideren justa. porque a dos años de su despido, ambos siguen sin recibir sus finiquitos.
Ambos temas, dijo Saori, estuvieron detenidos por meses y “curiosamente” en los últimos días ambos comenzaron a reactivarse, como si el resultado de la denuncia penal influyera en la queja laboral y en la de derechos humanos. Son temas independientes, pero para ella “por supuesto que tiene que ver”.
En entrevista posterior, Saori dijo que ella tenía más de 11 años trabajando en la Secretaría de Salud, atendiendo el componente de violencia, por eso afirma conocer muy bien las situaciones que sufrió al tratar de apoyar a numerosas víctimas que se atrevieron a denunciar acoso laboral y sexual.
Asegura que las instrucciones que recibía eran las de simular y disuadir a las víctimas y como no lo hizo, fue despedida.
Daniel afirmó que le parecía lamentable que desde la FGE y la CEAIV se manejara una narrativa de “solo te alcanza para el delito de amenazas”, aunque Saori reconoció que al menos se logró obligar a que Mario también tomara terapia, no solo ellos como víctimas.
Insistió en que buscaron que el proceso fuera público para cuando se emitiera la disculpa, pues aunque solo fue para Daniel y para ella, también puede ser representativo para las víctimas que confiaron en ella para denunciar sus casos de acoso sexual y laboral en la Secretaría de Salud.
Lo que les pesa, coincidieron, fue que a Mario se le concedió la oportunidad de presentar una renuncia voluntaria y que su expediente quedara “sin mancha” y recibió una liquidación de 1 millón 157 mil 625.10 pesos
“Nosotros aún no recibimos un peso”, dijo Saori, pero espera que otras víctimas encuentren esperanza en su lucha, que aún no acaba.
“No hay salud mental sin justicia social”, afirmó.
AAK
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