La protección de la dignidad humana tendría que ser el principio, no la consecuencia
Hace dos años comencé a escribir ECO DE LA MAÑANA impulsada por el 8 de marzo. No por moda, sino desde la necesidad de comprender lo que incomoda y de poner palabras donde antes hubo silencio.
Desde entonces he hablado de temas cotidianos, de esos que caben en una sobremesa. Pero hay fechas que exigen y merecen una mirada más profunda, como lo es esta, sobre todo cuando se observa que, a pesar de discursos, oficinas y protocolos creados desde lo gubernamental, la realidad para muchas mujeres sigue cambiando demasiado lento.
Con frecuencia se construye la apariencia de que se está haciendo algo, mientras en la vida cotidiana persisten las mismas violencias.
Aun así, millones de mujeres, y también hombres, salen a las calles cada año para recordar, antes que todo, la memoria de quienes ya no están. Y, sin embargo, hay quienes normalizan la violencia, pero se ofenden por las consignas, por las pintas o por los gritos.
Una doble moral que no empata, que no evoluciona y que no acepta que lo verdaderamente indignante no son las voces que se alzan en la calle, sino las ausencias que las provocan.
En México, muchas de las reformas que hoy protegen a las mujeres nacieron después del dolor. La Ley Olimpia visibilizó la violencia digital cuando durante años se minimizó la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
La Ley Ingrid sancionó la filtración de imágenes de víctimas tras un caso que indignó al país y reivindicó el recuerdo de una mujer que, sin proponérselo, cambió la historia legal para sancionar a funcionarios públicos. La Ley Malena puso en el centro la violencia con ácido, una agresión brutal que durante años no tuvo una tipificación adecuada.
La Ley Sabina evidenció el abandono económico que miles de mujeres enfrentaban sin consecuencias reales para los deudores alimentarios. La Ley Vicaria reconoció una forma de violencia que utilizaba a los hijos como instrumento de daño.
La Ley Monzón impidió que feminicidas conservaran la patria potestad. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas fue impulsada por colectivos que buscaron en campo lo que las instituciones no encontraban.
Y a pesar de que cada una representa un avance, también confirman que antes hubo un vacío, nos recuerda que muchos de esos cambios no nacieron de la voluntad del sistema, sino de la insistencia de una sociedad que se negó a guardar silencio, La ley avanza, pero lo hace empujada por el sufrimiento, porque la gente valiente que aún en medio de su duelo rompe el silencio y exige un derecho que no podrá ya gozar una víctima.
Durante años, el feminicidio enfrentó resistencias en su correcta tipificación. Muchas mujeres tuvieron que tolerar señalamientos de quienes supuestamente debían defenderlas y terminado juzgándolas bajo criterios personales, ofensivos y arcaicos. La justicia llegaba condicionada.
La creación de nuevas leyes demuestra sensibilidad institucional, pero también evidencia que el sistema ha sido reactivo. Se legisla cuando la herida ya está abierta. Se corrige cuando la indignación social ya no permite indiferencia.
En ese contexto, cada 8 de marzo las calles se llenan de voces. También de pintas. De frases que irritan, escritas y entonadas. Para algunos representan desorden; para otros son la expresión gráfica de una llaga. La protesta no siempre adopta formas estéticas.
A veces es el lenguaje de quien agotó las vías formales sin obtener respuesta. A veces es la manera de hacer visible lo que durante años se intentó invisibilizar.
Que una manifestación pueda expresarse sin represión generalizada es valioso. Pero la tolerancia pasiva no sustituye la acción efectiva. La verdadera respuesta no está en observar, sino en transformar estructuras.
Nada de esto debería depender de una tragedia previa. No deberían multiplicarse las reformas a partir de nombres propios. La protección de la dignidad humana tendría que ser el principio, no la consecuencia.
Legislar tras la tragedia ha sido una constante. Convertir la prevención en regla, y no en excepción, es el paso que aún define nuestra madurez como sociedad. Quien imparte la ley debe asumir que el mayor progreso será el día en que no necesitemos otra historia dolorosa para fortalecer el aparato legislativo.
Hidalgo no es ajeno a esa dinámica nacional, la declaración de la Alerta de violencia de género en diversos municipios ha confirmado que los indicadores ya eran suficientemente graves para activar un mecanismo extraordinario contemplado en la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
La medida representa voluntad institucional, pero también reconoce que hubo señales previas que no fueron atendidas con la contundencia necesaria y sí con mucha indiferencia.
Este Día Internacional de la Mujer, cuando las calles se vuelvan púrpuras y cada puño hable de una historia, de ausencias, de injusticia, de falta de empatía; no es momento de condenar, ni señalar, mucho menos de descalificar porque la protesta incomoda, pero lastima más el silencio cómplice. duele más la impunidad. es más violento no escuchar verdaderamente grave es que nada cambie.
El auténtico avance no estará solo en la creación de nuevas leyes ni en la reacción ante cada tragedia. Estará en la capacidad de prevenir, de actuar antes de que el nombre de otra mujer tenga que convertirse en reforma.
Estará en consolidar instituciones que respondan con eficacia y sensibilidad, sin esperar a que la irritación pública marque el ritmo. Porque de nada sirve la estructura si quien atiende no sabe escuchar, no sabe resolver o, peor aún, no quiere hacerlo y desafortunadamente lidera un equipo contagiados de eso mismo.
Hidalgo merece ser un estado donde la justicia no llegue después del agravio, donde la protección sea principio y no consecuencia. Esa sería la señal más clara de que aprendimos de nuestra historia reciente y decidimos no repetirla.
El verdadero avance será el día en que “Ni una más” deje de ser lema y se convierta en certeza.
Por cierto, las críticas a las marchas están de más, porque suelen pronunciarse desde un lugar de privilegio: el de no haber tenido que vivir la ausencia. Quizá por eso, para quienes no comparten esa suerte, guardar silencio nunca ha sido una opción.
Así que, demos paso al reclamo de quienes siguen esperando explicaciones y resultados. A ellas se les debe respuesta, no juicio.