Irapuato.- Están por cumplirse tres años del secuestro y asesinato del joven empresario Jair Martínez González y hasta hoy la Comisión Estatal de Búsqueda no ha cumplido con el pago económico por la reparación del daño para su madre y hermana, tal como lo recomendó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
La Prodheg acreditó en su momento la violación al derecho humano de la víctima de ser buscando por parte de la Policía Municipal y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el momento que lo secuestran por cuestiones del Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, no hicieron nada nada, no intentaron para salvar a mi hijo; inclusive la sociedad, amigos y nosotros les dimos la ubicación dónde estaba y jamás jamás intentaron salvarlo”, demandó Frenny, madre de Jair.
Le ofrecen reparación del daño ‘muy pobre’
Dijo que en su momento la Comisión Estatal de Víctimas les ofreció un monto por la reparación del daño que calificó como “muy pobre”, por lo que no quiso revelar la cifra exacta propuesta.
“Referente a la reparación que se dictó en su momento fue muy pobre; las recomendaciones de Derechos Humanos fueron insuficientes para un caso tan sonado como el de mi hijo”, lamentó.
“Estamos batallando. A la fecha todavía no resuelven por cuestiones de ellos mismos. Nos dan muchas largas para cualquier cosa y nosotros pues últimamente tuvimos que solicitar que la Comisión Estatal de Víctimas, nos apoyara para que pudiéramos buscar una persona especialista y manejara un perito especialista para que haga su estudio y podamos manejar la reparación del daño”, explicó la madre de la víctima.
Ángeles Márquez, asesora jurídica, comentó que la disculpa pública por parte del Gobierno de Irapuato es otra cuestión que dejó molesta a la familia del empresario fallecido.
Ni siquiera pública como lo marcan los estándares internacionales. Por cierto, la Presidenta Municipal (Lorena Alfaro García) la delega al Secretario del Ayuntamiento (Rodolfo Gómez Cervantes); cuando le presentan el escrito a Frenny, de las disculpa, ni siquiera estaba ella (la Alcaldesa), estaba el Secretario nada más”, demandó la abogada.
De ahí, la familia de la víctima interpuso un recurso de inconformidad, al señalar que se ignoró el derecho de Jair Edgard Antonio Martínez González a ser buscado eficazmente por las autoridades estatales y municipales.
“Para la reparación se exigió un peritaje técnico bien realizado; ahora le piden a la madre que ella designe al perito, pero lo que pedimos es que sea pagado por el fondo de víctimas”, indicó la litigante.
Sin embargo, Frenny y su abogada consideran que quien debe pagar la reparación es el Ayuntamiento de Irapuato, aunque Derechos Humanos indicó que debe ser a través del fondo estatal correspondiente.
Quisiéramos que esto no se alargue más; desde que pasó lo de mi hijo es una zozobra tremenda que la gente no se imagina. Se me ha hecho muy largo el caso”, platicó la madre de Jair Edgard Antonio Martínez González.
Con peritaje determinarán la cantidad
Actualmente se realizan dos peritajes especializados para determinar la cantidad a pagar. Cada uno cuesta 15 mil pesos y se acordó que el costo sea cubierto con recursos del fondo para víctimas.
Asimismo, la asesora jurídica demandó que la familia nunca tuvo atención psicológica, psiquiátrica o médica, ni apoyo en seguridad por parte de la policía local, pese a ser una recomendación oficial.
“Es importante mencionar que durante el proceso y la investigación, ni Frenny, ni el papá de Jair, ni su hermana, tuvieron atención médica o psiquiátrica especializada”, expresó Márquez.
“Solo nos mandaban una patrulla para que firmáramos y se retiraban. Lorena Alfaro tiene bastante seguridad y uno como ciudadano no tiene nada”, platicó Frenny sobre la vigilancia recibida.
Secuestro y asesinato de Jair
El joven empresario Jair Edgard Antonio Martínez González fue secuestrado por un grupo armado el domingo 12 de marzo de 2023, mientras circulaba por la avenida Paseo Irapuato.
Un día después fue encontrado sin vida con huellas de tortura en una casa de seguridad en la calle Cascada de la colonia Las Reinas, dentro de la denominada “Zona Dorada” del municipio.
Durante el cateo desarrollado por agentes ministeriales la tarde-noche del lunes 13 de marzo de aquel año, las autoridades lograron la detención de ocho de los secuestradores involucrados.
Entregan ubicación y no lo buscan
La madre de Jair aseguró que la Fiscalía reveló que a su hijo lo asesinaron a las 6:00 de la mañana del lunes; afirma que si hubieran actuado tras el rastreo GPS que ella entregó, él estaría vivo.
En aquel momento dieron aviso al entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, y al Ministerio Público, señalando la ubicación exacta en la colonia Las Reinas.
Cuando se realizó el cateo, un día después del plagio y en el mismo domicilio que la familia señaló apenas seis horas después del rapto, hallaron el cuerpo de Jair.
Si las autoridades y el Municipio vieran actuado en el momento que se les dijo que estaba en Las Reinas; teníamos la ubicación, lo hubiéramos encontrado vivo no que se tuvieron que esperar hasta el día 13 (el día siguiente), a las 8:00 y 9:00 de la noche que fue el cateo.
“And no fue por ellos, fue porque fui hasta Guanajuato con el Gobernador (en ese entonces Diego Sinhue), que hicieran algo, lógicamente no me atendió él, pero me atendió un licenciado de su equipo y gracias a él, yo pienso que fue que ordenó el cateo”, explicó Frenny.
Sin embargo, cuando se realizó el cateo de la casa de seguridad un día después del secuestro, lo hallaron sin vida en el mismo domicilio que su familia señaló apenas seis horas después del plagio de Jair Edgard Antonio.
“Si ellos hubieran actuado; en el juicio la juez mencionó que en una emergencia se tiene que actuar rápido. No esperarse a órdenes del jefe o del juez, ella misma lo dijo”, aseguró Frenny sobre la omisión de las autoridades.
Han recibido amenazas
La madre de la víctima ventiló que su hija tuvo que abandonar Irapuato ante la falta de protección y seguridad, sumado a que comenzó a recibir constantes mensajes y llamadas de amenazas tras el crimen.
Benavides (entonces secretario de Seguridad) amenazó personalmente a mi hija; le dijo que bajara todo de redes sociales porque solo estábamos espantando a los ciudadanos”, denunció sobre el trato recibido por el exfuncionario.
“Y amenazas de las personas. No sabemos si eran los de las personas que secuestraron en su momento o eran otros. Mi hija comenzó a recibir mensajes por WhatsApp.
“Ella recibió amenazas. A parte de amenazas, el domingo en la madrugada ya como a las 5:00 de la mañana. A mi hija le mandan unas fotos de mi hijo por WhatsApp y le pedían dinero. Le dan el número y nombre del banco. Querían que les depositáramos 500 mil pesos, si queríamos encontrarlo vivo.
“Le mandaron una foto de mi hijo porque mi hija les comentó: mándame una foto para saber si lo tienes vivo. Y le mandaron una foto. Mi hija que lo vio. Nosotros con la esperanza de que sí seguía vivo, pero no”, contó Frenny entre lágrimas, recordando aquel momento.
Además no les avisaron de inmediato que lo habían encontrado, pero sin vida, hasta el martes 14 de marzo y porque ellas exigieron información a la Fiscalía, como familiares directos.
Conformes con la sentencia
De acuerdo a la familia, fueron ocho los delincuentes que fueron sentenciados a 79 años, un mes y 15 días de prisión, por los delitos de homicidio calificado, desaparición de personas, robo y acopio de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Fueron sentenciados el pasado 19 de marzo del 2025. Durante su detención se les aseguraron armas, chalecos balísticos, cientos de cartuchos útiles, vehículos y equipos de comunicación.
Los acusados eran originarios de Jalisco y Guerrero, y uno de ellos del municipio de Abasolo.
Finalmente, la madre de la víctima reprobó el trabajo de los organismos defensores: “El trabajo de Derechos Humanos es muy pobre; siento que en Guanajuato esperan a ver qué dice el fiscal para dar una recomendación”.
Esperan peritaje
Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Francisco Javier Juárez León, comentó que están a espera del resultado del peritaje psicológico para determinar el monto de la reparación del daño a favor de la madre y hermana de la víctima.
Reconoció que en su momento se estableció un monto pero no fue aceptado por Frenny y su hija y utilizaron el recurso legal para impugnar.
Nosotros efectivamente emitimos una determinación habiendo las valorizaciones, el cual emitió esa determinación en la cual sale una cantidad que por obvias razones no podemos dar. Sin embargo la señora Frenny no estuvo conforme y ella presentó un recurso de inconformidad en contra de esa determinación”, explicó.
Juárez León indicó que la comisión de víctimas ha estado en frecuente comunicación con la familia, para explicarle cómo va el proceso.
“Actualmente nosotros solicitamos unas valoraciones psicológicas para poder entrar a fondo a esta inconformidad que ella hace; nosotros vamos a pagar esos peritos que ella eligió; nosotros en total apertura para que esté conforme. Estamos en la espera de que la perito haga su determinación y con eso estaremos en condiciones”, afirmó el titular de la CEAIV.
Detalló que una vez que el especialista entregue los resultados del peritaje psicólogo, personal del área de determinaciones de la Comisión Estatal de Atención Integración a Víctimas, estará determinando el monto a pagar como parte de la reparación del daño por la violencia al derecho humano de ser buscado Jair.
“Ella está en todo su derecho de impugnar el recurso, y pues vamos entendiéndolo. Nosotros estaremos pagando el peritaje psicológico porque al final es una víctima y pues estamos trabajando para resolver lo antes posible”, agregó.
Sin embargo, concluyó que aún no puede determinar una fecha para que se emita el resultado final, pero espera que no tarde más.
AVG
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