León, Guanajuato.- La Contraloría Municipal amplió una investigación sobre empresas vinculadas con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de determinar si en sus contrataciones existió alguna falta administrativa o un posible conflicto de intereses.
La revisión ocurre luego del reportaje publicado por AM, en el que se dio a conocer que la Dirección de Obra Pública erogó 7.5 millones de pesos en contratos otorgados a empresas vinculadas con familiares y exsocios del secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable, Israel Martínez, y del subdirector de Ejecución de Obra y Mantenimiento, Gerardo Ortiz.
Una de las empresas señaladas es Proyectos, Supervisión y Construcciones Somar, S.A. de C.V., firma de reciente creación propiedad de Gerardo Gabriel Sosa Martínez, exfuncionario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) y primo de Israel Martínez.
Las otras dos son Pixis, S.A. de C.V. y Bypixis, S.A. de C.V., que hasta 2024 pertenecieron a Gerardo Ortiz, quien cedió sus acciones en ambas empresas para asumir el cargo de subdirector general de Ejecución de Obra y Mantenimiento de la Dirección de Obra Pública.
Amplían carpeta de investigación
La contralora municipal, Viridiana Márquez Moreno, informó que el 23 de julio de 2026 se inició la carpeta de investigación SM/DAI/INV-091/2026 relacionada con Proyectos, Supervisión y Construcciones Somar, S.A. de C.V.
Explicó que la investigación comenzó a solicitud del secretario de Infraestructura para que la dependencia analizara si su parentesco con el representante de la empresa implicó un conflicto de intereses en la contratación.
Sin embargo, la funcionaria informó que, tras la publicación del reportaje de AM, también se incorporarán a la investigación las empresas Pixis, S.A. de C.V. y Bypixis, S.A. de C.V.
“Esto a fin de podernos allegar de las pruebas y la evidencia correspondiente para hacer el análisis respecto de la existencia o no de cualquier falta administrativa, no únicamente el conflicto de interés, sino se analiza en su totalidad para ver si no incurrieron en alguna irregularidad (los funcionarios) o en alguna falta prevista en la ley de la materia”, indicó la contralora.
Márquez Moreno explicó que, si se determina la existencia de un conflicto de intereses en la contratación de alguna de las tres empresas, este sería considerado una falta grave.
Las posibles sanciones podrían ir desde la suspensión, destitución o inhabilitación hasta una sanción económica, en caso de que se determine una afectación al erario público.
‘Que se investigue’, dice Alcaldesa Alejandra Gutiérrez
La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, también fue cuestionada este lunes por AM sobre si, más allá de la legalidad de los procesos de contratación, consideraba éticas estas asignaciones.
La Alcaldesa señaló que no podía emitir juicios de valor hasta que la Contraloría “haga lo respectivo”.
“Que se investigue, que sea todo transparente, que se llegue hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
Cuestionan trabajo de la Contraloría
Las regidoras Vanessa Montes de Oca, de Morena, y Norma López Zúñiga, independiente, respaldaron que se investiguen las empresas señaladas por sus vínculos con funcionarios públicos.
Sin embargo, ambas cuestionaron el desempeño de la Contraloría Municipal y expresaron dudas sobre su capacidad para atender este tipo de señalamientos.
Montes de Oca mencionó el caso de una trabajadora del Parque Metropolitano que denunció acoso sexual por parte de un funcionario y sostuvo que la Contraloría falló en atenderlo con perspectiva de género.
López Zúñiga señaló que desde que se expusieron casos relacionados con empresas fachada no ha observado resultados del órgano de control.
“Me parece increíble que mes tras mes estemos viendo este tipo de noticias en donde nos hacen dudar de la administración municipal y sobre todo, pues, de los funcionarios públicos; no de todos, de algunos que saben perfectamente lo que pueden y no deben de hacer”, expresó Montes de Oca.
“Aquí hay de verdad un balón grandísimo que se le queda al órgano de control, pero que con la experiencia que hemos tenido con este órgano de control comparsa, no dudaré que también salieran a mencionar que no hay un conflicto de interés cuando a todas luces sí lo hay”, declaró López Zúñiga.
Por otro lado, Dessire Angel, regidora de Movimiento Ciudadano, señaló que no deberían atribuirse responsabilidades antes de realizar una revisión formal de los hechos.
No obstante, cuestionó si los mecanismos de control preventivo establecidos en la ley son suficientes para evitar posibles conflictos de interés y la contratación de empresas fachada, como ha expuesto AM.
“Creo que no basta con que una contratación cumpla formalmente con el procedimiento, creo que cuando hablamos de recursos públicos tenemos que garantizar el tema de la imparcialidad, la transparencia, la trazabilidad y sobre todo esto de las dudas razonables que siempre tenemos del por qué eligieron a una empresa”.
“Se acaba de presentar una iniciativa. No se trata de acusar anticipadamente a nadie, pero pues tampoco normalizar situaciones que pudieran generar dudas legítimas. Ahora sí que la responsabilidad es esclarecerlas y si encontramos vacíos en los controles, pues corregirlos”, manifestó.
El regidor del PAN Hildeberto Moreno aseguró que no podía emitir un juicio sobre la posible existencia de un conflicto de intereses.
Adelantó que solicitará un informe detallado de los procesos de contratación de las empresas para revisar los criterios utilizados y sus fundamentos jurídicos.
Califica de ‘cínico manejo de Secretaría
La regidora independiente Norma López Zúñiga calificó de “cínico” el manejo actual de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable y sostuvo que existe un conflicto de intereses en la contratación de las empresas vinculadas con funcionarios.
“¿Por qué habiendo tantas empresas con más experiencia se está beneficiando a las que son de tus parientes? Y pues muy lamentable las declaraciones incluso del propio secretario (de Infraestructura), donde él dice que cuando se dio cuenta del parentesco mandó un oficio a la Contraloría”, arremetió.
También cuestionó la actuación del secretario de Infraestructura ante los señalamientos.
“¿Cómo no se da cuenta que hay un pariente suyo que le está dando obra?”, expresó, al cuestionar que posteriormente haya enviado un oficio a la Contraloría.
López Zúñiga aseguró que los señalamientos sobre posibles irregularidades en la Dirección de Obra Pública no son nuevos y afirmó que también han sido planteados por integrantes del Comité de Obra Pública.
Mencionó al regidor Guillermo Plasencia, quien, según la edil, ha presentado en varias ocasiones ante el pleno del Ayuntamiento casos similares.
“Es gravísimo porque donde más se maneja recurso del erario es justo ahí en Obra Pública”, expresó.
AM también buscó contactar a Ruth Erika Rizo Cháirez, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Gabriel Falcón Anaya, del Colegio de Ingenieros Civiles de León (CICL), y Norma Araceli Díaz Quinto, del Colegio de Arquitectos.
Los tres forman parte del Comité de Obra Pública, pero no respondieron hasta el cierre de esta edición.
HLL
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
