Funcionaria federal con FGE y buscadoras
Por primera vez desde que fue nombrada en septiembre del año pasado, este jueves 28 la titular de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, y su equipo, estuvieron en Guanajuato en dos reuniones importantes.
Una fue en Silao con colectivos de personas buscadoras de desaparecidos y otra en la sede de la Fiscalía General del Estado con el titular Gerardo Vázquez y equipo.
Martha Lidia fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum en ese cargo en septiembre del año pasado, venía de ser la titular de la Fiscalía Especial de Delitos sobre Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR).
La larga conversación con cerca de 50 personas buscadoras independientes y de colectivos se centró en los últimos cambios en la legislación nacional en materia de búsqueda de personas, en particular la nueva Alerta Nacional, la Plataforma Única de Identidad y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
De acuerdo a información proporcionada por la Plataforma por la Paz y la Justicia, se escucharon las preguntas, dudas y comentarios de las buscadoras y al final la Comisionada y su equipo tomaron contactos y notas de algunos casos sensibles.
Uno de estos casos es el de Marisela Solís, cuyo hijo José Juan, de 14 años, desapareció en julio de 2025 tras ser sacado de su domicilio en el municipio de Valle de Santiago presuntamente por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército; su padre, Juan José, inició su búsqueda y desapareció en diciembre del mismo año.
En septiembre de ese año el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió una Acción Urgente y en marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó la necesidad de otorgar medidas cautelares de protección a la familia, por considerar se encuentran en una situación de gravedad.
Una de las facultades de ley de la Comisión Nacional de Búsqueda es precisamente la de instar a las autoridades que correspondan a avanzar en las investigaciones.
La nueva Alerta
La Comisionada compartió que están yendo a todos los estados a reunirse con colectivos, fiscalías estatales y también grandes empresas privadas, para que todos se sumen a implementar esta nueva Alerta Nacional de Búsqueda, cuyo propósito es de generar una activación inmediata y obligatoria desde que hay un reporte.
La Plataforma por la Paz consideró positiva la reunión, y que generó “bastante expectativa”, ahora el reto es que se note toda la fuerza del Estado para localizar a las personas desaparecidas, y hacer todo lo posible para encontrarlas con vida.
En el caso de la reunión en Fiscalía la dependencia informó que refrendaron el compromiso de fortalecer la profesionalización, la coordinación regional y las capacidades de búsqueda e investigación forense en materia de desaparición.
Presumieron que 46 funcionarios concluyeron su especialización técnica y jurídica en Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, la séptima generación. Y destacan acciones y herramientas como “Rostros que no se olvidan”, “La búsqueda nos une” y “Tu ADN encuentra”.
Seguramente hablaron también de los graves errores en los registros y protocolos de identificación que han derivado en la entrega de cuerpos equivocados.
La realidad hoy es que en Guanajuato hay 5,667 personas desaparecidas no localizadas, según el registro nacional. 5,667 familias desgarradas por el dolor.
Panistas caen parados
No cabe duda que para los panistas, como lo fue en el pasado para los priistas, “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Lo decimos porque en los últimos meses nos hemos dado cuenta de que varios de ellos siguen cobrando del erario, en otro puesto, una vez que en 2024 terminaron sus encargos anteriores, específicamente como diputados locales.
Casi todos los diputados “azules” que integraron la Legislatura 2021-2024, ahora están cobrando en Gobierno del Estado.
Lo decimos a propósito de que el último de ellos es Jorge Ortiz Ortega, quien el 21 de mayo fue nombrado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo como Subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría del Campo, que dirige Marisol Suárez Correa.
Sin embargo, se desconoce de dónde sacó los conocimientos, experiencia o trayectoria en asuntos agropecuarios, pues ni estudió ninguna carrera, técnica o universitaria sobre esa materia, ni nunca antes había laborado en esa área.
Porque antes de ser diputado local, Jorge Ortiz había sido presidente municipal de Moroleón durante dos periodos, o sea seis años, postulado por el PRD, y era profesor de Derecho de la preparatoria oficial de su pueblo, en virtud de que estudió la Licenciatura en Derecho y Maestría en Administración Pública.
Pero la lista de exlegisladores locales que lograron colocarse en el Gobierno “del Nuevo Comienzo” es nutrida.
Los primeros que tuvieron cargo desde el inicio del mandato fueron: Alfonso Borja Pimentel, de Jaral del Progreso; Bricio Balderas Álvarez, de Comonfort; Katia Soto Escamilla, de Apaseo El Grande.
Alfonso Borja regresó a la dirección del DIF estatal, que ya había tenido durante el sexenio de Miguel Márquez.
Bricio Balderas como director de la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, a las órdenes de Jorge Jiménez Lona.
Y Katia Soto como secretaria técnica de SIPINNA, que es el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, instancia que articula a varias dependencias estatales de ese sector.
Ellos tres fueron parte del grupo de diputados “azules” que se sumó a “la cargada” a favor de Libia Dennise desde su precampaña para la gubernatura.
Les dan espacios en Educación
Otro que también pudo colocarse en el oficialismo, aunque tardó varios meses en hacerlo después de terminar la Legislatura en septiembre de 2024, fue Armando Rangel Hernández, de San Luis de la Paz.
El 19 de mayo de 2025 fue designado Delegado de Educación de la Región I con sede en Dolores Hidalgo. Obtuvo el nombramiento luego del fallecimiento de Juan Rendón López, quien ocupaba dicho cargo desde septiembre del 2022.
Aunque ya anteriormente había sido Delegado de Educación en la Delegación Regional II Noreste, Armando Rangel tampoco es un especialista en educación, pues de entrada es Ingeniero Agrónomo de profesión y más político que otra cosa. Fue dos veces diputado local, dos veces diputado federal, Jefe del Registro Agrario Nacional (RAN) y Presidente de San Luis de la Paz.
Otra más es Martha Hernández Camarena, de León, quien fue diputada local en la Legislatura pasada 2021-2024, ahora es Directora de Turismo de Silao, invitada por su ex compañera de bancada Melanie Murillo, presidenta municipal. No sabíamos que la exregidora leonesa tuviera trayectoria en el sector turístico.
En septiembre de 2025, el Instituto Tecnológico de México, que es una institución federal, aunque con participación estatal, en su campus Abasolo, nombró como “encargada de despacho” a Briseida Magdaleno González, exdiputada local del PAN y perdedora a la Alcaldía de Abasolo en 2024. Aún sigue en el cargo.
No todos corrieron con suerte
Caso contrario el de María de la Luz Hernández Martínez, de Celaya, quien no formó parte del grupo de legisladores “azules alivianados”, sino más bien de “los contras”, porque ella apoyó a la hoy naranja Alejandra Gutiérrez cuando hace dos años buscaba ser la candidata a la gubernatura.
Así que cuando la Presidenta Municipal de León inició su segundo periodo, en octubre de 2024, nombró a María de la Luz como directora de Presupuesto Participativo y Delegaciones. Aunque renunció el 7 de agosto de 2025 (no estuvo ni un año). Ese día, en su cuenta de Facebook, al despedirse escribió: “Ahora vuelvo a Celaya, mi hogar y mi origen, para dedicar tiempo a mi familia y a mi amor por nuestro partido. Esta pausa es necesaria, pero no me detengo: seguiré trabajando por Guanajuato, por el bien común y por los ideales que nos unen”.
Hay otros tres panistas que se quedaron sin un nuevo cargo al terminar su periodo como legisladores: Margarita Rionda, de Guanajuato capital, César Larrondo Díaz, de Acámbaro, y Martín López Camacho, de Celaya.
Este último, por haber sido un diputado “disidente”, que muchas veces no se replegó a los dictados de Palacio de Gobierno. Meses después renunció al PAN.
Hay otros que aunque no eran diputados locales, pero sí funcionarios “azules”, también “cayeron parados” con el Nuevo Comienzo.
Uno de ellos es Alejandro Alanís, ex presidente municipal de Valle de Santiago hasta 2024, quien desde hace meses despacha como Director de Fortalecimiento al Ingreso Familiar de la Secretaría del Nuevo Comienzo, en una oficina que se ocupa, nada más y nada menos, que de la Tarjeta Rosa, el programa estrella del gobierno de Libia Dennise García.
Y la celayense Saraí Núñez Cerón, dos veces diputada federal, quien desde el año pasado es Subsecretaria de Atención a la Comunidad Afrodescendiente e Indígena de la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Liz Esparza Frausto.
Ayuntamiento fresero, se calienta el ambiente
El miércoles 27 de mayo la sesión de ayuntamiento en Irapuato transcurría, como muchas de ellas, sin sobresaltos, hasta que se llegó a la discusión de los informes de la Japami, donde el tono del debate político en Irapuato se ha endurecido bastante.
Los argumentos de si existe un aumento en los recibos del agua o es solo un problema de desperdicio de agua o fugas que tienen ciudadanos en sus casas, dieron paso a descalificaciones personales, señalamientos de oportunismo y acusaciones que poco ayudaron a esclarecer el fondo de los asuntos discutidos.
Entre los regidores, la alcaldesa y demás allegados del PAN existe molestia porque una pequeña protesta impulsada por Aarón Cabañas, líder de la Unión Campesina de Emigrantes (UCEM), terminó convirtiéndose en una plataforma para que Morena exhibiera inconformidades ciudadanas que, aseguran, no han sido atendidas.
De ahí que varios ediles panistas insistieron en desacreditar no solo la marcha, sino también a quienes la acompañaron, uno de ellos el regidor morenista Ignacio Morales. El mensaje fue claro: si hay políticos al frente, la causa pierde legitimidad.
Sin embargo, esa postura también abre una pregunta incómoda: ¿la legitimidad de una protesta depende de quién la encabeza o de las demandas que plantea?
La regidora panista Elva García defendió que los cobros excesivos no son una práctica generalizada, se refirió al incumplimiento de los usuarios, y acusó a los regidores de Morena de no apoyar a la gente y solo quejarse de todo, para rematar en contra del regidor Ignacio a quien calificó de “chapulín oportunista”. Órale.
El regidor aprovechó para poner sobre la mesa los reclamos que le han dicho personas en las comunidades, donde la tarifa de 119 pesos que pagaban se ha elevado hasta 6 mil pesos. Por eso participó en la marcha del 20 de mayo, la cual dijo era pacífica, hasta la aparición de los comerciantes “azules” que los agredieron.
Quienes siguieron la sesión también observaron que el enfrentamiento dejó al descubierto algo más profundo: la ruptura total de puentes entre las bancadas.
Ya no hay diferencias sobre los temas, sino desconfianza sobre las intenciones. Cada propuesta es vista como estrategia electoral, cada crítica como un golpeteo político y cada manifestación como un acto de propaganda. En ese ambiente, cualquier debate corre el riesgo de convertirse en espectáculo.
Y mientras los regidores intercambiaban acusaciones, la alcaldesa Lorena Alfaro aprovechó para reforzar una narrativa que ha sostenido desde hace meses: que detrás de muchas de las protestas ciudadanas existen intereses partidistas.
Esa explicación puede ser efectiva para cerrar filas entre simpatizantes, pero difícilmente resolverá el malestar de quienes sí tienen reclamos legítimos, principalmente el de la mejora de la seguridad y los sevicios públiicos.
Lo que pudo ser un nota anecdótica, pues la movilización del Movimiento Social Organizado fue únicamente de 30 personas, la intervención de los comerciantes a favor de la alcaldesa dejó claro que la batalla electoral por el 2027 ya está aquí.
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