En “El nombre de la rosa”, Guillermo de Baskerville va descubriendo señales que parecen conectarse. Las examina, construye hipótesis, teorías y es más, hasta se equivoca. Hacer investigación justamente exige ambas disposiciones: hacer preguntas y estar dispuesto a corregir las respuestas cuando los hechos las contradicen.
Esta actitud y esquema de pensamiento resulta pertinente ante los cambios recientes en la normativa y regulación del sistema de sangre mexicano. A la fecha hay muchas decisiones cuya relación merece aclararse y para entender porqué, conviene que comencemos por algo básico.
Cuando una persona dona sangre, esta puede separarse en componentes. Uno de ellos, el plasma, la parte líquida, además de poderse transfundir tiene otros usos terapéuticos. Bajo determinadas condiciones, este plasma puede ser sometido a un proceso industrial para fabricar medicamentos especializados como albúmina, inmunoglobulinas y factores de coagulación. Estos productos son los denominados “hemoderivados”, es decir, productos obtenidos del plasma que requieren una cadena de fabricación especializada.
Es innegable que nuestro país necesita desarrollar esa capacidad industrial relativa a hemoderivados, pues nuestros pacientes necesitan tratamientos disponibles, seguros y accesibles y aprovechar adecuadamente el plasma puede contruibuir a ello. Sin embargo, entre recibir una donación de sangre y entregar un medicamento derivado del plasma, existen costos, decisiones comerciales y responsabilidades sanitarias que deben explicarse y transparentarse.
Primero fue la Ley General de Salud en Enero, donde se modificaron temas relativos a sangre y hemoderivados. En octubre de este año, fue publicada la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM-253) que regula la disposición de sangre humana y sus componentes y a los pocos días apareció un acuerdo que establece los lineamientos para aprovechar industrialmente el plasma “residual”. Esta proximidad en las decisiones tomadas, sumadas a planes de desarrollo e inversión de entes privados y gobierno, debe invitarnos a examinar cómo están articulados la reorganización del sistema de sangre mexicano y el desarrollo industrial.
Bajo este contexto, hago una pregunta que considero legítima: ¿estamos construyendo una industria nacional de hemoderivados para atender las necesidades de los pacientes mexicanos, o estamos reorganizando el sistema de sangre mexicano para satisfacer las necesidades de una industria?
La diferencia es importante. Si las necesidades de los pacientes son la verdadera orientación del proyecto, entonces debemos conocer cuáles medicamentos hacen falta, cuánto plasma realmente puede aprovecharse, cuánto costará procesarlo y definir de manera clara cómo llegarán los productos a quienes los necesitan. Estas respuestas son fundamentales para evaluar si las decisiones regulatorias realmente sirven al propósito anunciado. De igual manera, también necesitamos saber quién podrá participar, pues construir una planta de procesamiento, obtener autorizaciones y preparar toda una cadena de suministro requiere tiempo e inversión sustantiva. Ahora bien, cuando aparecen nuevas reglas, es completamente razonable preguntar qué empresas ya estaban preparadas, quién participó en la elaboración de estas reglas y cómo serán garantizadas las condiciones de competencia.
Preguntar lo anterior, no es demostrativo de un favorecimiento indebido. Pero sí es necesario pedir documentos. Es necesario pedir evidencia. Esta secuencia peculiar entre inversiones, consultas y emisión de directrices normativas, merece una explicación pública, especialmente cuando las decisiones pueden abrir oportunidades económicas importantes. Es menester abrir la conversación sobre inversión, lucro y rentabilidad, porque fabricar medicamentos cuesta y las empresas tienen intereses económicos. Ahora bien, hablando de salud e industria, necesitamos conocer esos intereses para evaluar si son transparentes, legítimos y compatibles con el acceso a la salud de los pacientes. El discurso ético y moral de la donación de sangre y plasma, no debe volver invisible a la economía.
Importante mencionarlo: el donante también merece claridad. ¿Qué destino puede tener su plasma donado? ¿cómo se le informa ese destino? ¿qué puede aceptar o rechazar? Esto es importante, pues en un contexto como el mexicano, donde la gente acude a donar por la angustiosa necesidad clínica de un familiar, amigo o conocido, es fundamental tener respuestas claras. De igual manera los hospitales y servicios de sangre necesitan aclaraciones: ¿quién pagará por las adecuaciones de infraestructura y tecnología necesarias? ¿cómo se garantizará la atención durante la transición?
Hacer preguntas es justo. Es necesario. Ahora, la transparencia es lo que permitirá distinguir de una preocupación fundada a una potencial interpretación equivocada. El mostrar estudios, actas, criterios de autorización, contratos, minutas y otras evidencias es lo que puede despejar dudas. Por ello, corresponde abrirlos y explicar las decisiones tomadas.
Estimado lector, tomo como reflexión propia, una inspirada en Guillermo de Baskerville: “Puedo equivocarme al interpretar las señales y eso me obligaría a cambiar mi intepretación, más no significa que debía ignorarlas”.
La disposición a rectificar debe encontrar una disposición equivalente a rendir cuentas. En tema de leyes, reglamentos y normativas, no hay casualidades. Recordemos: el Sistema Nacional de Sangre no existe para conseguir donantes. Tampoco existe para abastecer a una industria. Existe para atender pacientes. Y esa finalidad debe poder seguirse, con evidencia, desde cada donación, hasta cada tratamiento.
*Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre.
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