Celaya, Guanajuato.- Tras los reportes y quejas en anexos de Celaya, las autoridades han reforzado la vigilancia con la clausura de un inmueble y reuniones con 22 de los 32 centros de rehabilitación, informó el director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman.
El anexo clandestino que se clausuró fue el pasado 19 de febrero en la colonia Los Naranjos en donde también se retiraron a tres personas que estaban viviendo en el inmueble.
“Detectamos que estaba en muy malas condiciones, un anexo clandestino. De primera mano, quien se intentó acreditar como el representante legal dijo que no era anexo, que era un albergue, pero tampoco tiene las condiciones, ni los permisos para el albergue. Al final de cuentas retiraron a dos internas y un interno que tenían en malas condiciones,” aseguró el funcionario.
Eduardo Griss señaló que los propios vecinos del sitio reportaron este supuesto anexo.
“Se presume que la vivienda fue tomada de manera irregular por ser una vivienda que estaba en abandono y que ellos se posesionaron ilegalmente. Es lo que nosotros tenemos como información con base a lo que mencionaron algunos de los vecinos”, indicó.
El funcionario señaló que se tienen identificados a 32 centros de rehabilitación de los cuales 22 se han sumado a las reuniones de trabajo para regularizar estos inmuebles con la finalidad de brindar seguridad a los pacientes.
Piden no clausurar
La red estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) pidió que en lugar de clausurar estos inmuebles se les oriente a los dueños para subsanar las observaciones y se siga otorgando el servicio, señaló su presidente, Nicolás Pérez Ponce.
“Somos agrupaciones que llevamos a cuestas un servicio muy pesado que le debería competer al gobierno, pero hasta el momento poco le ha interesado, traen la idea de según regularizar los grupos, pero han sido muy estrictos con algunos grupos a la hora de las revisiones”, aseguró en entrevista.
El líder de la red estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) explicó que de los 180 centros que agrupan a nivel estatal ninguno recibe apoyo económico del Gobierno del Estado o Federal por lo que es complicado subsanar los gastos que implica mantener estos inmuebles.
“A la hora de revisar solo les dicen que no cumplen; por inseguridad o insalubre pero lejos de eso deberían de ponerse a pensar todo lo que nosotros hacemos, ya que el 80 % de lo que hacemos es por la seguridad de los municipios donde nosotros tenemos presencia. Debería ser tolerante y asesorar a este tipo de agrupaciones”, dijo.
En Celaya, hay seis centros de rehabilitación que están adheridos a esta red estatal, dijo el representante, quien ya tuvo conocimiento de la clausura de al menos dos anexos de Celaya.
Nicolás Pérez Ponce afirmó que este tipo de problemas tiene su raíz en las regulaciones aprobadas desde el Congreso del Estado y la falta de apoyo de las autoridades.
“El Estado manda a los Municipios la orden de supuestamente visitar los centros de rehabilitación para regularizarlos y sabemos de antemano que muchos van a perecer porque están solos y no pertenecen a ninguna red que les oriente y enseñe sus derechos y solo los clausuran”, comentó.
Federación cede a Guanajuato facultad para inspeccionar y diagnosticar anexos
El 19 de enero se informó que la Federación decidió ampliar las atribuciones de los estados en cuestiones de salud en el tema de los centros de rehabilitación, ahora las secretarías estatales podrán realizar visitas formales e investigaciones detalladas para realizar diagnósticos y agilizar la certificación de los llamados anexos.
Aclaran que en Guanajuato, los cinco centros de rehabilitación que hasta el año pasado cumplían con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 y por tanto, aparecían en el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales, la “perdieron” porque caducó la validez de dichos certificados, pero la mayoría están en proceso de recuperarlos. El control de los anexos en Guanajuato pasa ahora por un nuevo filtro estatal.
Así lo informaron funcionarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato, al confirmar que ahora el Estado es quien realizará las visitas (posiblemente, al iniciar febrero) y recolectará los documentos para los expedientes que enviará a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).
Dicha instancia los evaluará y otorgará, de ser el caso, las certificaciones o las renovaciones.
HLL
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