La lógica jurídica de la abogada Libia García, gobernadora de Guanajuato, es implacable. La máxima romana «pacta sunt servanda» —lo pactado se cumple— campea en sus maneras de ejercer el derecho y tomar decisiones. Bajo cualquier condición, pareciera pensar, los contratos deben cumplirse en forma, fecha y hora. Así parece entender las lecciones de La Salle, ejercitadas después bajo el mando de Diego Sinhue y ahora desde la jefatura del Ejecutivo. Tajante y decidida.
La reflexión viene a cuento por la disputa con la alcaldesa de León sobre los requisitos para destinar 434.8 millones de pesos del crédito estatal al puente del bulevar Aeropuerto. La obra urge para descongestionar el tráfico que continuamente colapsa la principal entrada a la ciudad.
La presidenta municipal sostiene que el plazo para disponer del financiamiento vence el 30 de noviembre. El gobierno estatal responde que antes debían quedar resueltos el derecho de vía y el expediente técnico para contratar oportunamente la obra. No son el mismo plazo ni el mismo requisito. El asunto es un vericueto, pero la alcaldesa conoce estos procedimientos por su experiencia legislativa y su paso por las comisiones de Hacienda.
Nada de eso la exime de explicar los pendientes municipales. Tampoco exime al gobierno estatal de acreditar que agotó las alternativas legales para sacar adelante el puente. La ciudadanía necesita conocer los documentos y las soluciones examinadas, no asistir a un intercambio de culpas. Quien sostiene que ya no había salida debe explicar por qué; su dicho no convence.
Pero ahora la alcaldesa es una adversaria política: dejó el PAN y se sumó al proyecto de Movimiento Ciudadano. La vieja fórmula de «a los amigos justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas» parece encontrar acomodo. Las fechas se escriben en granito, inmodificables y perpetuas. ¿Si siguiera siendo azul, otro gallo cantaría?
El puente perdió aquella asignación, aunque el Estado anunció que los recursos se destinarían a otros proyectos en León. Conviene precisar la diferencia: la ciudad no pierde necesariamente ese dinero; pierde la solución prevista para uno de sus peores atascos. Radioterapia, seguridad y movilidad tienen necesidades reales. Atenderlas no hace desaparecer el embotellamiento del bulevar Aeropuerto.
Por lo pronto: ¡que se amuele quien espera el puente! Los habitantes de la capital económica del Bajío siguen pagando con su tiempo la incapacidad de sus autoridades para resolver los problemas que se les ponen enfrente. Todos conocemos el lío del semáforo de entrada a la ciudad zapatera. El acceso se paraliza o ralentiza continuamente. ¿Verdad que resulta infernal vivir en una ciudad cuyos accesos no funcionan?
Algo similar sufrimos los capitalinos, obligados por las condiciones de la carretera libre a usar la autopista de cuota que Diego entregó al consorcio VISE–Rubau. En la lucha por liberar el acceso a Guanajuato Capital enfrentamos al gobierno y los intereses empresariales beneficiados por aquella decisión. La concesión vincula la nueva carretera Silao–San Miguel de Allende con la explotación de una autopista que ya existía y que constituye una entrada fundamental a la capital.
Treinta años más de concesión. Tres décadas de cobro y opción a otra treintena, sobre un activo público que los ciudadanos ya pagamos. A mi juicio, un regalo formidable para los beneficiarios y una carga abusiva para quienes necesitamos circular. La firma del exgobernador parece haber quedado grabada a fuego en una placa de bronce. Pacta sunt servanda. Qué conveniente resulta el latín cuando sirve para cerrar una discusión y perpetrar el abuso.
Pero la obligación de cumplir lo pactado tiene límites. Una concesión no queda por encima de la ley porque alguien la haya firmado. Puede presentar vicios o incumplimientos que deban investigarse y acreditarse. La legislación guanajuatense contempla la revocación por causas legales y el rescate por utilidad pública, con indemnización. Cada vía exige pruebas, procedimientos y, en su caso, recursos. Ninguna se activa con un discurso; ninguna debe descartarse con una frase en latín.
No confundamos los expedientes: financiar un puente y revisar una concesión son problemas jurídicos distintos. Los une, sin embargo, una pregunta política: ¿con cuánta energía defiende el gobierno las necesidades ciudadanas cuando chocan con sus rivalidades o con los intereses de los favorecidos del sexenio anterior? La certeza jurídica también se debe a los usuarios y contribuyentes, no solamente a quienes cobran peajes. Una auditoría integral permitiría discutir la concesión con documentos, responsabilidades y costos sobre la mesa.
La construcción del puente y la revisión de las concesiones merecen soluciones legales, no resignación. Pero antes habrá que liberar a la gobernadora de su animosidad. Poco logrará por la mala. Actuar en perjuicio de los ciudadanos solo sembrará amarguras. Y no habrá triunfos.
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