Ciudad de México.- Decenas de juzgadores federales en retiro se manifestaron este martes en la Embajada de Estados Unidos en México para denunciar el adeudo de la indemnización extraordinaria y la pensión complementaria a más de 200 impartidores que dejaron el cargo tras la reforma judicial.
Durante dos horas, los manifestantes se plantaron con mantas y extendieron una bandera de México de unos 20 metros de largo afuera de la sede diplomática en la Colonia Irrigación, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, para expresar su protesta contra la falta de pago del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed), manifestó que la protesta no pretende solicitar la injerencia de otro país en asuntos internos, sino en denunciar que lo que sucede en México con el Poder Judicial no puede desligarse del contexto internacional.
“Estamos en una situación en que más de 80 personas al día de hoy siguen sin pagarles este pago extraordinario y a más de 120 siguen sin pagarles la pensión complementaria, otro derecho que también está expresamente reconocido en el artículo décimo transitorio de la Constitución. Hoy por qué se decidió venir aquí afuera de la embajada estadounidense? Estamos aquí porque México forma parte de un contexto internacional”, dijo la Magistrada en retiro.
“México ha adquirido obligaciones en el ámbito internacional. Esto que quiere decir que tiene que cumplir y tiene que mandar un mensaje claro de respeto y observancia al orden jurídico y a los derechos humanos. Nunca ha sido nuestra intención pedir una intervención injerencista, simplemente lo que estamos haciendo es mostrarle al mundo nuestra preocupación genuina en relación a este incumplimiento sistemático de los derechos en México”.
Una de las mantas de los inconformes estaba dirigida al representante de la Unión Americana en nuestro país.
“Mr. Ronald Douglas Johnson, Embajador de Estados Unidos de Norteamérica ¿cómo negociar con México el Tratado de Libre Comercio? Si el actual Gobierno Federal de la 4T no cumple ni sus propias reformas constitucionales”, decía.
De acuerdo con varios de los manifestantes, en el OAJ impera un desorden administrativo, ya que algunos juzgadores como el Magistrado Enrique Palacios, que estaba adscrito en Mérida, dijo que el desaparecido Consejo de la Judicatura Federal le autorizó mediante una resolución la pensión complementaria y a la fecha no le han pagado.
Otro magistrado que también viajó desde Mérida, José Alpuche, dijo que tenía 37 años de servicio cuando dejó el cargo y tampoco le han pagado la pensión citada.
La directora de la JUFED dijo que a la fecha son 86 juzgadores a los que no les han pagado la indemnización extraordinaria y los 120 sin el pago de la pensión complementaria.
La primera es una prestación prevista en el artículo décimo transitorio de la Constitución y contempla una indemnización extraordinaria de 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado a quienes declinaron participar en la elección judicial o que perdieron los comicios.
La segunda es un derecho que adquieren los impartidores de justicia cuando gozan de la pensión del ISSSTE y cumplen seis años como titular de un juzgado o tribunal, explicaron.
La manifestación de este martes concluyó al mediodía con el canto del Himno Nacional.
Los juzgadores en retiro dijeron que en breve llevarán a cabo otras protestas para dar a conocer a la comunidad nacional e internacional la violación de sus derechos laborales.
México ignora plazo de la CIDH: Gobierno no respondió a demanda de jueces cesados por la reforma judicial
El 25 de mayo se publicó que el Estado mexicano incumplió el plazo extraordinario otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder a la demanda presentada por 14 jueces y magistrados cesados a raíz de la reforma judicial.
De acuerdo con el Cyrus R. Vance Center for International Justice, organización que promovió el recurso en representación de los afectados, el Gobierno de México tenía como fecha límite el pasado 15 de mayo para presentar sus observaciones preliminares.
La magistrada en retiro María Emilia Molina, una de las firmantes del recurso, consideró que la falta de respuesta va más allá de una simple omisión administrativa, pues representa una postura política clara de rechazo al escrutinio internacional.
“Un Estado que desmontó las garantías de independencia judicial, que reconoció públicamente ante la propia Comisión haber impulsado una reforma sin diagnóstico previo y que ahora guarda silencio frente al escrutinio internacional transmite un mensaje inequívoco: la ausencia de voluntad para rendir cuentas sobre una de las regresiones institucionales y democráticas más graves en la historia reciente del país”, indicó la magistrada afectada por las medidas de la CIDH.
El litigio comenzó formalmente el 6 de mayo de 2025 con la presentación de la demanda. Posteriormente, el 15 de enero de este año, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión notificó formalmente al Gobierno mexicano y le trasladó el expediente.
Aunque el plazo ordinario de contestación era de tres meses, las autoridades mexicanas obtuvieron una prórroga extraordinaria para extenderlo a cuatro, una ventana legal que venció de forma definitiva a mediados de este mes sin que se emitiera respuesta.
HLL
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